La Procuraduría General de la Nación ha citado a la Alcaldía de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación, encabezada por Úrsula Ablanque Mejía, a una audiencia de conciliación programada para el 21 de enero, en el marco de una investigación por un presunto daño urbanístico valorado en dos billones de pesos en la localidad de Ciudad Bolívar. La acción fue promovida por el Grupo Malkenu, representado legalmente por Eduardo Romano y con asesoría del abogado Rodolfo Correa, ante la Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos, derivada de irregularidades en el trámite del plan parcial Ciudad Bolívar 75 – Azoteas.
El conflicto surge de un silencio administrativo positivo generado por la falta de respuesta de las entidades distritales en un plazo de 60 días hábiles, conforme al Decreto 1077 de 2015, tras la radicación de la solicitud por parte de Malkenu el 9 de diciembre de 2021. Sin embargo, un error en el procedimiento de notificación, al enviarse a un correo equivocado, impidió que los propietarios tuvieran conocimiento oportuno y pudieran defender sus derechos, lo que derivó en la formalización del plan parcial mediante escritura pública. Posteriormente, la aprobación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial eliminó la viabilidad urbanística del suelo para el desarrollo de viviendas de interés social, generando una pérdida de valor del terreno superior al 80 por ciento.
El impacto en el déficit habitacional de Bogotá
El proyecto habitacional Tierra de Gracia, impulsado por Malkenu, contemplaba la construcción de más de 70.000 viviendas de interés social, lo que habría cubierto al menos el 30 por ciento del déficit habitacional en la zona de Ciudad Bolívar. La citación de la Procuraduría actúa como requisito previo a una demanda de reparación directa ya interpuesta por Rodolfo Correa, con posibles repercusiones fiscales, judiciales y presupuestales para la administración distrital. La Personería Distrital confirmó el error en la notificación y advirtió sobre una investigación en curso, mientras que fuentes como El Espectador han destacado cuestionamientos ambientales relacionados con la protección del parque ecológico Cerro Seco, regulado por el Pomca del Río Bogotá a cargo de la CAR.
«No atienden razones, no escuchan el evidente fundamento legal y se niegan a reconocer el hecho objetivo y palmario de que hubo un error en el procedimiento de notificación, por lo cual se le está negando a la ciudad una alternativa de solución del déficit de vivienda y, a nosotros, propietarios legítimos, el derecho a desarrollar libre empresa y al goce de la propiedad privada».
Eduardo Romano, representante legal de Malkenu
Este caso pone en evidencia las tensiones entre el desarrollo urbanístico y las normativas ambientales en Bogotá, donde el silencio administrativo positivo se convirtió en un derecho adquirido que el nuevo POT dejó en entredicho, afectando no solo a los inversionistas sino a miles de familias en espera de soluciones habitacionales en una de las localidades más vulnerables de la capital.
