El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al frente, confirmó un descuento en el precio del combustible que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de febrero de 2026, como medida para aliviar las presiones inflacionarias en los costos de producción y distribución a lo largo de Colombia. Esta decisión, que implica ajustes técnicos y fiscales detallados, ha generado un amplio debate, especialmente tras las críticas de detractores que la califican de populista, aunque el experto Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, destacó en una entrevista con Infobae Colombia sus beneficios macroeconómicos transversales, al tiempo que advirtió sobre riesgos de repetir ciclos previos de subsidios.
El ministro Palma expresó su compromiso con la medida al afirmar que espera estar en una estación de servicio el próximo 1 de febrero mostrando que, en efecto, el combustible bajará de precio, subrayando la importancia de esta reducción en un insumo clave para la economía colombiana, que impacta directamente en transporte, alimentos, servicios, logística y la estructura de costos del país. Toca, en su análisis, enfatizó que si se concreta, el primer impacto será macroeconómico y transversal, ayudando a mitigar presiones inflacionarias no dependientes del consumo directo de los hogares, sino de los costos productivos.
Beneficios graduales con condiciones estrictas
Aunque el experto reconoce el potencial positivo de esta rebaja, aclara que no se trata de una varita mágica, ya que su efecto será gradual y dependerá del tamaño real de la reducción, su mantenimiento en el tiempo y factores externos como el precio internacional del petróleo, las tasas de cambio y la disciplina fiscal. Toca insiste en que esta medida no elimina la lógica de precios reales, pues Colombia ha cruzado un punto de no retorno donde los combustibles no volverán a estar estructuralmente subsidiados de manera generalizada.
«Si esta reducción se concreta, el primer impacto será macroeconómico y transversal. El precio de los combustibles es un insumo clave para casi toda la economía: transporte, alimentos, servicios, logística y para la estructura de costos del país. Una disminución ayuda a reducir presiones inflacionarias, especialmente aquellas que no dependen del consumo directo de los hogares, sino de los costos de producción y distribución.»
Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano
El análisis también resalta la necesidad de una reducción moderada, gradual y responsable, respaldada por condiciones macroeconómicas reales, para evitar reabrir esquemas de subsidios que en el pasado generaron desequilibrios. Esta iniciativa impactará positivamente en hogares, el sector productivo y logístico, pero conlleva riesgos políticos y fiscales, además de posibles diluciones en la transición energética que impulsa el Gobierno.
«No es una varita mágica. El efecto será gradual y dependerá del tamaño real de la reducción y de si se mantiene en el tiempo.»
Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano
En cierre, Toca plantea una reflexión clave sobre si Colombia ha aprendido que las decisiones de política pública tienen costos y que postergarlos suele salir mucho más caro, advirtiendo que, de no ser así, existe el riesgo de repetir el ciclo anterior de subsidios insostenibles, en medio de un anuncio que pese a las críticas populistas busca equilibrar la economía nacional.
«La pregunta es: ¿Colombia aprendió que las decisiones de política pública tienen costos y que postergarlos suele salir mucho más caro? Si esa lección queda clara, esta reducción puede ser una buena noticia. Si no, corremos el riesgo de repetir el ciclo anterior.»
Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano
