En un fin de semana marcado por la tragedia, dos menores perdieron la vida en incidentes separados en el sur de Córdoba y Neiva, dejando en luto a sus familias y comunidades. La noche del 15 de enero, Darle Mirley Misas Moreno, de 13 años, falleció tras recibir un disparo accidental en la espalda con una escopeta manipulada por su tío, Ferley Antonio Moreno Andica, natural de Tarazá, Antioquia, en una vivienda ubicada en el kilómetro 55 entre San José de Uré y Versalles. Horas después, el tío fue hallado muerto la mañana del 16 de enero en una zona montañosa del sector El Doce, vereda El Porvenir, aparentemente por suicidio con la misma arma, tras haber salido de la vivienda luego del accidente que ocurrió al manipular el arma cargada después de una jornada laboral en un cultivo de maíz. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital San José y posteriormente a Montería, donde se confirmó su deceso.
Autoridades judiciales investigan la cronología exacta del suceso en el sur de Córdoba, que deja dos víctimas mortales y afecta profundamente a las familias y la comunidad de San José de Uré, bajo la hipótesis de un accidente por arma cargada seguido de un posible suicidio.
Ataque sicarial en Neiva acaba con la vida del hijo del director de Cárcel de Rivera
En un hecho que conmociona al Huila, el hijo de 11 años de Edgar Rodríguez, director de la Cárcel de Rivera, murió el martes 13 de enero a las 7:00 de la mañana durante un ataque armado perpetrado por sicarios en motocicleta contra el vehículo oficial en el que viajaban, en el oriente de Neiva. El niño, quien iba camino al colegio y era descrito por su padre como su único hijo ejemplar lleno de sueños, recibió impactos de bala que le costaron la vida, mientras que Rodríguez resultó ileso. En el ataque también resultó herido el subdirector de la cárcel, quien permanece hospitalizado con pronóstico reservado. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que lleve a identificar y capturar a los responsables, en un contexto de amenazas contra funcionarios penitenciarios.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) calificó el atentado como un ataque directo contra la institucionalidad, y la Defensoría del Pueblo exigió mayores medidas de protección para los funcionarios penitenciarios, en medio de un repunte de violencia dirigida contra ellos en la región.
