La Contraloría General de la República archivó el proceso de responsabilidad fiscal instaurado contra Andrés Julián Rendón, actual gobernador de Antioquia y exalcalde de Rionegro, por presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en ese municipio antioqueño. Los CAI en cuestión, ubicados en San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, habían sido objeto de cuestionamientos por un presunto daño patrimonial superior a los 830 millones de pesos en el primero y 433 millones en el segundo, para un total cercano a los 1.200 millones de pesos.
La decisión se tomó tras evaluar los argumentos y pruebas documentales presentadas por Rendón durante su versión libre, en la que demostró que no se configuró ningún detrimento al erario público, ya que ambas obras se encuentran ejecutadas, entregadas y en funcionamiento conforme a los estándares técnicos y estructurales establecidos en los contratos. Este proceso había surgido durante la gestión de Rendón como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, debido a debilidades en la planeación de los CAI, que inicialmente no contaban con viabilidad de la Policía Nacional, lo que impidió que el de San Antonio de Pereira prestara servicio al principio y generara cuestionamientos sobre la pérdida total de la inversión en Cuatro Esquinas por no cubrir el fin social de seguridad.
La Contraloría destaca la ausencia de daño patrimonial
En su resolución, la Contraloría enfatizó que del análisis del material probatorio aportado se evidencia que no existe afectación a los intereses estatales, honrando así la esencia resarcitoria del proceso fiscal. El archivo del expediente se decreta conforme al artículo 17 de la Ley 610 de 2000, lo que impide recursos en contra, aunque el caso podría reabrirse si surgen nuevas pruebas o se demuestra la falsedad de las presentadas.
«Bajo este contexto, aparece evidente que del análisis hasta ahora efectuado se advierte que no existe un daño con afectación patrimonial de los intereses estatales, teniendo en cuenta el material probatorio solicitado y aportado, donde logró demostrar de manera suficiente, clara y específica que no existe un detrimento patrimonial al erario, habida cuenta de que la obra contratada se encuentra ejecutada y en funcionamiento conforme a los requisitos técnicos y estructurales, de acuerdo con lo contratado».
Contraloría General de la República
Por su parte, el gobernador Rendón resaltó las gestiones realizadas desde la Alcaldía de Rionegro en coordinación con la Policía Nacional para incorporar estos CAI a su estructura orgánica, un trámite que depende de la autorización del nivel central y que incluye una minuta de contrato de comodato en estudio por la Secretaría General para su validación y firma.
«Desde la Alcaldía del municipio de Rionegro, en coordinación con la Policía Nacional, se están realizando gestiones conjuntas con el fin de que las instalaciones de los CAI San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas ingresen a la estructura orgánica de la Policía Nacional. Dicho trámite se realizará una vez por parte del nivel central se autorice su actualización. Reconoce, además, que se está trabajando de manera conjunta con la Administración Municipal de Rionegro en una minuta de contrato de comodato para recibir las instalaciones policiales, documento que se encuentra en estudio por parte de la Secretaría General (Segen) para su validación y posterior firma de las partes intervinientes».
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Esta resolución fiscal contrasta con la indagación penal que Rendón enfrenta ante la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos, en la que se han revelado interceptaciones telefónicas, manteniendo así abierta otra línea de investigación sobre el caso.
«En consecuencia, honrando la esencia resarcitoria del proceso de responsabilidad fiscal y existiendo acervo probatorio suficiente que permite tener certeza sobre la inexistencia de daño al patrimonio del Estado, pues en el infolio se pudo constatar la funcionalidad de la obra tantas veces citada y construida conforme a los estándares técnicos y estructurales contratados, por lo tanto, se procederá a decretar el archivo del presente proceso de responsabilidad».
Contraloría General de la República
