La Licorera de Santander, a través de su gerente suplente Danny Villamizar, alertó sobre los graves riesgos que enfrenta el sector licorero en Colombia debido al aumento del impuesto al consumo de licores establecido en el decreto 1474 de 2025, con efectos perceptibles desde principios de este año en la región de Santander. Esta medida, impulsada por el ministro de Hacienda Germán Ávila, amenaza la estabilidad económica, laboral y comercial del gremio, con una caída estimada del 30% en las ventas, la posible reducción de 25 empleos directos y cerca de 120 indirectos, además de un incremento en el contrabando de licores ilegales. El decreto busca elevar los ingresos del Presupuesto General de la Nación para 2026 y cubrir el déficit dejado por el fracaso de la reforma tributaria, proyectando un recaudo fiscal de 11,1 billones de pesos solo en este rubro.
Los efectos ya son visibles en Santander, donde la cadena productiva completa, que incluye maquiladoras, empresas de transporte y distribuidores, se ve gravemente afectada, con pérdidas de empleos, menor demanda y debilitamiento de la economía regional. Los precios elevados han convertido al aguardiente, tradicionalmente una bebida popular, en un producto accesible solo para quienes cuentan con mayor capacidad económica, mientras el contrabando se expande al ofrecer licores sin impuestos ni registro Invima, poniendo en riesgo la salud pública al circular productos no aptos para el consumo humano. Históricamente, el recaudo de impuestos sobre cigarrillos, licores y cervezas ha crecido de 4,98 billones de pesos en 2021 a 5,70 billones en 2022 y 6 billones en 2023, pero esta nueva carga impositiva podría revertir esa tendencia en perjuicio de las empresas privadas que deben cumplir la normativa pese a perder cuota de mercado.
Alarma por el impacto en empleos y salud pública
Danny Villamizar enfatizó la vulnerabilidad de la cadena productiva al afirmar que esta medida pone en jaque no solo a la Licorera de Santander, sino a todo un ecosistema económico regional. Gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos han rechazado el decreto por limitar la autonomía fiscal e ingresos de las entidades territoriales, agravando las tensiones entre el Gobierno nacional y las regiones productoras de licores.
“Esta es una cadena productiva completa: maquiladoras, empresas de transporte y distribuidores; hablamos de 25 empleos directos y cerca de 120 indirectos que hoy están en peligro”
Danny Villamizar, gerente suplente de la Licorera de Santander
“El aguardiente, que era una bebida popular, hoy se convierte en un producto al que solo pueden acceder quienes tienen mayor capacidad económica”
Danny Villamizar, gerente suplente de la Licorera de Santander
“El contrabando se ve favorecido porque no paga impuestos y circulan licores sin registro Invima. Esto pone en riesgo la vida de las personas, ya que son productos que no son aptos para el consumo humano”
Danny Villamizar, gerente suplente de la Licorera de Santander
En un contexto de presiones fiscales nacionales, la Licorera de Santander urge una revisión del decreto para evitar un colapso mayor en el sector, que podría traducirse en mayores pérdidas económicas y un mercado dominado por el contrabando ilegal, con implicaciones directas en la salud y el empleo en Colombia.
