Heimy Blanco Navarro, gerente de litigios de la firma Chapman Wilches, presentó recientemente una demanda ante la Sección Segunda del Consejo de Estado en Colombia contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de anular el artículo primero del Decreto 1469 de 2025, que establece un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, fijándolo en 1.750.905 pesos. La acción judicial también solicita la suspensión provisional inmediata del decreto, argumentando que el incremento no respeta los cinco criterios técnicos y legales establecidos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.
Según la demanda, el ajuste del 23% decretado por el Gobierno nacional se aleja considerablemente del cálculo basado en la suma de factores que arroja un 15,62%, evidenciando una falta de motivación técnica y ponderación adecuada de los indicadores. Blanco Navarro destaca que el Gobierno no explicó cómo confluyen estos elementos ni su magnitud o importancia, contraviniendo la norma que faculta al presidente para fijar el salario mínimo por decreto en ausencia de acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Críticas al uso de datos de la OIT y violación a la ley
El decreto, emitido por el Gobierno de Gustavo Petro ante la falta de consenso en la comisión salarial, se basa en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Fijación de salarios/ingresos vitales: sobre la estimación del salario vital para Colombia”, que estima la canasta vital en 1.658.957 pesos más un 5,3% de IPC estimado. Sin embargo, la demanda sostiene que esta referencia es meramente orientativa y que la OIT carece de competencia normativa en Colombia para definir dinámicas económicas o indicadores oficiales, roles reservados a entidades como el Dane o el Banco de la República. Además, se argumenta que la norma no permite al presidente sustituir los criterios legales por estimaciones externas.
“muy alejado del 23% decretado por el Gobierno nacional como índice para el reajuste del salario mínimo legal mensual vigente, lo que demuestra abiertamente su violación a la ley”
Heimy Blanco Navarro, gerente de litigios de Chapman Wilches
Blanco Navarro, quien representó a Colombia en la Comisión de Empleadores durante la 111ª y 112ª Conferencia Internacional del Trabajo, enfatiza que el Ejecutivo omitió determinar y explicar la confluencia de los cinco criterios del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996. Esta medida judicial impactaría directamente a los 2,4 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo en el país.
“el Gobierno Nacional no determinó ni explicó, como era su deber, cómo estos confluyen y en qué magnitud o importancia, contrariando así la norma que le da las facultades para fijar el salario mínimo legal mensual vigente”
Heimy Blanco Navarro, gerente de litigios de Chapman Wilches
“Si bien la estimación de la canasta vital realizada por la OIT podría considerarse orientativa, lo cierto es que dicho organismo carece de competencia normativa en Colombia para definir dinámicas económicas o indicadores oficiales, como sí lo son el Dane o el Banco de la República”
Heimy Blanco Navarro, gerente de litigios de Chapman Wilches
El Consejo de Estado resolverá primero sobre la solicitud de suspensión provisional y, posteriormente, sobre la validez de fondo del decreto. Esta demanda pone en el centro del debate la metodología empleada por el Gobierno para el reajuste salarial, en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y los sectores empresariales.
“la norma no faculta al presidente a sustituir los criterios legales”
Heimy Blanco Navarro, gerente de litigios de Chapman Wilches
