Las intergremiales de Atlántico y Magdalena, junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, emitieron un comunicado conjunto el 18 de enero de 2026 en el que respaldan el proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía para incrementar en $8 por kWh el componente de restricciones en la tarifa de energía eléctrica, una medida que representa cerca del 1% adicional para los usuarios y que condicionan a ser temporal, con un plazo definido y metas verificables, con el fin de evitar el colapso del Sistema Eléctrico Nacional.
Esta posición surge ante la grave crisis de liquidez provocada por las deudas de Air-e, la empresa intervenida que representa el 40% de la demanda de energía del país y acumula obligaciones vencidas por $2,5 billones a diciembre de 2025, con un aumento mensual de $145.000 millones, afectando a generadores, transmisores y otros agentes del mercado en la Región Caribe, que incluye Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Crisis que amenaza la estabilidad nacional
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, lideró el pronunciamiento que destaca cómo estas deudas han llevado a las termoeléctricas al límite de su capacidad para adquirir gas y generar energía, en un contexto de antecedentes como la suspensión de la Resolución CREG 116 de 1998 por el Gobierno nacional y la ausencia de un plan de gestión para la intervención de Air-e, lo que agrava la falta de pagos y pone en jaque la continuidad del servicio.
“las obligaciones financieras vencidas de Air-e intervenida con generadores, con transmisores y con otros agentes del mercado, han puesto a las termoeléctricas al límite de su capacidad para poder comprar el gas que necesitan para operar, es decir, para poder generar energía”
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico
El respaldo es condicionado y enfatiza la necesidad de garantías nacionales, créditos y recursos del Fondo Empresarial gestionados por la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Hacienda, cubriendo el 50% de la deuda acumulada, mientras se exige una solución estructural de largo plazo para el sistema eléctrico de la Región Caribe, considerando la pobreza energética.
“Esta situación amenaza la continuidad del servicio y además pone en riesgo, en serio riesgo, la estabilidad del sistema eléctrico nacional”
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico
Las organizaciones empresariales subrayan que el riesgo no es un problema regional aislado, sino una amenaza nacional por la falta de generación térmica de soporte, y hacen un llamado al Gobierno para cumplir con definiciones claras y valoran el esfuerzo de los usuarios ante esta delicada situación que podría derivar en apagones en la Región Caribe y un racionamiento generalizado en el Sistema Eléctrico Nacional si no se actúa con urgencia.
“Es nuestra responsabilidad sumar esfuerzos para que no se materialice una crisis generalizada del sistema eléctrico nacional. Valoramos el esfuerzo de los usuarios y hacemos un llamado para que el Gobierno cumpla con todas las garantías y definiciones claras que exige esta delicada situación”
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico
