El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó el aumento del salario mínimo para 2026 en dos millones de pesos mensuales, lo que representa un incremento del 23,7 por ciento respecto al valor de 2025, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en todo el país. Esta medida eleva significativamente los descuentos obligatorios por salud y pensión, calculados únicamente sobre el sueldo base de 1.750.905 pesos, excluyendo el auxilio de transporte de 249.095 pesos, que no integra la base de cotización para seguridad social según la normativa vigente.
La decisión impacta directamente a 2,4 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo, así como a los independientes, quienes deberán destinar 508.148 pesos mensuales en aportes totales a seguridad social en 2026, frente a los 413.129 pesos de 2025. Para los empleados con salario mínimo, los descuentos individuales ascienden a 70.000 pesos por salud, equivalentes al 4 por ciento, y otros 70.000 pesos por pensión, también al 4 por ciento, sumando un total de 140.000 pesos. En total, los aportes a salud representan el 12,5 por ciento del ingreso base, con el empleado cubriendo el 4 por ciento y el empleador el 8,5 por ciento, mientras que para pensión es del 16 por ciento, dividido en 4 por ciento para el empleado y 12 por ciento para el empleador.
Contexto legal y efectos en pensionados
Esta política se basa en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 2294 de 2023, que reduce el aporte a salud al 10 por ciento para mesadas pensionales entre dos y tres mínimos desde 2024. Más de 2,1 millones de pensionados se verán afectados, aunque aquellos con pensiones superiores al mínimo serán reajustados por el IPC de cierre de 2025, que alcanza el 5,10 por ciento, y no por el salario mínimo. De estos, más de 1,8 millones están afiliados a Colpensiones, de un total superior a siete millones de afiliados activos proyectados para 2025, y acceden al Plan de Beneficios en Salud con libertad para elegir su EPS, aunque el incumplimiento de aportes genera restricciones en los servicios de salud y pensión.
La medida busca fortalecer la protección social en Colombia, pero genera debates sobre su sostenibilidad para empleadores y la carga financiera para los hogares de menores ingresos, en un contexto donde afecta a empleados con contrato laboral, trabajadores independientes y el vasto universo de pensionados que dependen de estos sistemas.
