El próximo martes 20 de enero de 2026 se iniciará en Antioquia el primer juicio adversarial contra un militar de alto rango por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’. Se trata del coronel en retiro David Herley Guzmán Ramírez, quien fue excomandante del Batallón de Contraguerrilla 79 en esa región, y enfrenta cargos por la muerte irregular de al menos 18 civiles que fueron presentados como bajas en combate durante el período comprendido entre agosto de 2004 y noviembre de 2005, en el marco del subcaso Dabeiba que abarca los años de 1997 a 2007.
La Fiscalía acusa a Guzmán Ramírez de participar en 10 hechos delictivos, en ocho de ellos como coautor directo y en dos como coautor mediato en alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El modus operandi involucraba el reclutamiento de personas vulnerables, incluyendo tres menores de edad y una mujer, su posterior asesinato y el reporte fraudulento de estos como guerrilleros caídos en operaciones militares, con el fin de inflar los resultados operativos durante el conflicto armado interno.
El subcaso Dabeiba en el marco de la JEP
Este proceso forma parte del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga crímenes de guerra y de lesa humanidad en el subcaso Dabeiba, y representa un hito al ser el primer juicio adversarial de este tipo en Antioquia contra un oficial de esa jerarquía por falsos positivos. Según datos de la JEP, Antioquia registra la mayor cantidad de episodios de este tipo en el país, lo que subraya la magnitud del escándalo en la región.
El caso de Rodrigo Humberto Torres Múnera y testimonios clave
Entre los casos emblemáticos destaca el de Rodrigo Humberto Torres Múnera, un joven de 23 años desaparecido en Ituango en noviembre de 2004. Según la investigación, fue capturado por militares disfrazados de civiles, entregado a las AUC y ejecutado después de 11 días de cautiverio. Exmilitares implicados han aceptado su responsabilidad ante la JEP y han señalado directamente las órdenes impartidas por Guzmán Ramírez, quien habría formado un grupo especial bajo su mando dedicado a la búsqueda y asesinato de víctimas para simular resultados militares.
Con 18 víctimas confirmadas, incluyendo el reclutamiento forzado de tres menores y una mujer, este juicio no solo busca esclarecer estos crímenes sino también sentar precedentes en la lucha contra la impunidad en uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, particularmente en Antioquia.
