Un jurado federal del Distrito Norte de Alabama, en Estados Unidos, exoneró este 15 de enero a la multinacional carbonífera estadounidense Drummond Company de todas las acusaciones sobre presuntos nexos con paramilitares en Colombia, al tiempo que condenó a los responsables de la campaña judicial en su contra a pagar 256 millones de dólares por difamación y extorsión. Esta decisión, emitida tras un exhaustivo análisis de las pruebas presentadas, marca un punto de inflexión en una disputa legal que ha perdurado por más de dos décadas.
Drummond Company, con operaciones en Colombia durante más de dos décadas, ha sido epicentro de intensas polémicas debido a las instalaciones ubicadas en regiones afectadas por el conflicto armado, donde se le imputaron vínculos con grupos armados ilegales. Una serie de demandas ha mantenido en vilo a la empresa, pero este veredicto refuerza su posición legal al establecer de manera concluyente la inexistencia de cualquier relación con tales organizaciones.
Reavivando el debate sobre responsabilidad empresarial
La noticia, revelada inicialmente por el portal digital Notas de Actualidad, no solo cierra un capítulo doloroso para Drummond, sino que reaviva el debate nacional e internacional sobre la responsabilidad de las empresas en contextos de violencia extrema como el vivido en Colombia durante décadas de conflicto armado. Este fallo judicial subraya la importancia de pruebas sólidas en acusaciones de esta magnitud y podría sentar precedentes para casos similares en el futuro.
Desde La Veintitrés Manizales, este desenlace invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la vigilancia ciudadana y la protección contra campañas difamatorias, en un país que aún lidia con las secuelas de su historia reciente.
