El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la publicación esta semana de un proyecto de decreto que reducirá el límite de inversiones en el exterior de los fondos privados de pensiones del actual 49% promedio al 30%, lo que obligará a la repatriación gradual de los recursos excedentes y afectará directamente a más de 18 millones de trabajadores afiliados a estos sistemas. La medida, impulsada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca redirigir esos ahorros hacia la economía local para fortalecer la inversión y el financiamiento interno del país, con un plazo máximo de cinco años para la repatriación, aunque el ideal es completarla en tres años, y solo impactará a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y a los cotizantes activos, excluyendo a los pensionados.
Según las cifras reveladas, los recursos a repatriar oscilarían entre 120 y 250 billones de pesos, equivalentes en una cita crítica a unos 125 mil millones de dólares, en un contexto donde el dólar se cotiza por debajo de los 3.700 pesos y registra una tendencia bajista desde hace varias semanas. Actualmente, los límites de inversión externa dependen del perfil de riesgo del afiliado, permitiendo hasta el 70% para perfiles de alto riesgo y el 40% para los conservadores, pero el nuevo tope unificado del 30% generaría preocupación en el sector de los fondos de pensiones por su potencial impacto en la rentabilidad de las carteras y en la tasa representativa del mercado (TRM).
Declaraciones del Gobierno y Críticas del Sector
En entrevista con Caracol Radio, el ministro Germán Ávila confirmó que “esta semana se publica el proyecto de decreto. Se va a conocer y se va a publicar esta semana”. Por su parte, el presidente Petro defendió la iniciativa en su cuenta de X, argumentando que “bajo condiciones de bajo ahorro, es una estupidez sacar nuestro poco ahorro. Buena parte del ahorro de las familias se da en el fondo de pensión; por tanto, es conveniente para la economía del país traer ese ahorro. Debe hacerse progresivamente, estoy de acuerdo. Lo peor es detener el flujo anual”.
“¿Alguien ha calculado realmente qué pasaría con la TRM si se repatriaran USD125 billones en ahorros pensionales? ¿Estamos dispuestos a ver un dólar a $2.500 solo por ‘traer la inversión al país’? El ahorro de los colombianos no es un botón de pánico macroeconómico”
Mónica Higuera, exdirectora de la URF, vía X
Las reacciones no se hicieron esperar, con críticas desde el sector privado. En diciembre pasado, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió sobre el impacto adverso en la rentabilidad y la tasa de cambio derivado de una repatriación acelerada. Asimismo, la consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP) planteó objeciones técnicas, señalando que la medida incrementaría el riesgo local, reduciría la diversificación de las carteras y excedería las atribuciones legales establecidas en la Ley 100 de 1993, por lo que propone que las AFP busquen la nulidad del decreto ante las autoridades competentes.
Contexto en un Mercado Cambiante
Esta iniciativa surge en medio de un panorama económico donde el dólar ha mostrado una clara tendencia a la baja, como reportado por Nathalia Angarita de Reuters, con cotizaciones inferiores a los 3.700 pesos, lo que podría exacerbarse con la entrada masiva de divisas por la repatriación. Fuentes como las cuentas oficiales en X del Ministerio de Hacienda y del propio Petro subrayan la búsqueda de recursos para financiar necesidades como el Presupuesto General de la Nación de 2026, mientras que analistas como Mónica Higuera cuestionan el costo macroeconómico de alterar abruptamente los flujos de capital pensional.
