La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), durante una audiencia programada para el 11 de febrero de 2026. Los cargos corresponden a tentativa de homicidio y prevaricato por omisión, relacionados con las fallas en el esquema de seguridad que protegió a Miguel Uribe Turbay, senador y excandidato presidencial asesinado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá. La decisión se basa en comunicaciones, solicitudes y documentos que evidencian omisiones graves en el refuerzo de escoltas, pese a peticiones reiteradas del equipo de Uribe Turbay para sus actividades políticas.
En concreto, el equipo del senador solicitó en 12 ocasiones específicas el refuerzo de seguridad a la UNP, respaldado por decenas de cartas y comunicaciones que fueron ignoradas en los meses previos al atentado. Esta imputación marca un hito, al tratarse del primer alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser señalado penalmente por el asesinato de un opositor político, en un contexto donde la Fiscalía decidió apartar tanto a la UNP como a la Dirección Nacional de Inteligencia del grupo investigador del magnicidio.
Omisiones documentadas y reacciones
La evidencia recopilada por los fiscales incluye peticiones desatendidas que demostraban el alto riesgo al que estaba expuesto Uribe Turbay, ignoradas sistemáticamente por la dirección de la UNP. Rodríguez, considerado parte del círculo cercano del presidente Petro, ha argumentado en su defensa que las solicitudes se limitaban a desplazamientos fuera de Bogotá y que todas las decisiones siguieron los procedimientos internos establecidos. No obstante, la familia Uribe Turbay celebra esta imputación como un avance crucial en la búsqueda de verdad y justicia.
“Las autoridades conocían el riesgo y aún así no se tomaron medidas suficientes”
Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe
“Este avance constituye un paso relevante en el esclarecimiento de las responsabilidades por el incumplimiento de los deberes de protección del Estado”
Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de la familia Uribe Turbay
Este caso pone en el centro del debate público las obligaciones del Estado en la protección de líderes políticos en un país marcado por la violencia, y podría abrir la puerta a más investigaciones sobre posibles responsabilidades en la cadena de mando de la seguridad nacional.
