El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo del 23,7 por ciento para el año 2026, elevándolo a dos millones de pesos mensuales, una medida que el mandatario defiende como un «salario vital» esencial para garantizar la subsistencia básica de los trabajadores en el marco del Estado social de derecho. Esta decisión, anunciada en el Consejo de Ministros del 19 de enero, reemplaza los criterios tradicionales de inflación, productividad y PIB por un cálculo basado en la canasta mínima vital familiar del Dane dividida entre el promedio de 1,5 trabajadores por hogar, y ya enfrenta demandas de nulidad presentadas ante el Consejo de Estado por entidades como Fenalco, el jurista Germán Eduardo Castro Marín —quien retiró su demanda tras recibir amenazas— y Alejandro Linares.
La medida beneficiará directamente a 2,4 millones de trabajadores en Colombia, superando la inflación proyectada para 2025 del 5,1 por ciento, aunque genera preocupación por su impacto fiscal: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima un déficit de 5,3 billones de pesos para 2026 y hasta ocho billones en años posteriores, advirtiendo riesgos para la sostenibilidad de la deuda pública. El presidente Petro justificó el incremento argumentando que cubre lo mínimo necesario para la vida digna, inspirado en recomendaciones no vinculantes de la OIT, y lamentó la falta de concertación tripartita en el proceso, el cual ahora será revisado por el Consejo de Estado.
El cálculo y la defensa presidencial
Petro explicó el método de cálculo durante el Consejo de Ministros, destacando que tomaron la canasta básica mínima vital familiar del Dane, la cual, dividida por el promedio de 1,5 ocupados por hogar, arroja los dos millones de pesos como cifra precisa para el salario vital mensual en 2026. Esta fórmula busca priorizar la cobertura de necesidades básicas sobre indicadores macroeconómicos, y el mandatario sostuvo que, una vez implementada, las subidas anuales serían menores si la economía mejora.
“Canasta básica mínima familiar, ¿cierto? Mínima, vital, familiar. Ese fue el dato que cogimos y da $2.000.000”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Críticas y demandas judiciales
Las demandas ante el Consejo de Estado alegan deficiencias legales, falsa motivación, desviación de poder, impacto fiscal negativo y falta de debido proceso, cuestionando la validez del decreto por no seguir el mecanismo de concertación tripartita habitual. A pesar de ello, Petro defendió públicamente la medida, afirmando que su lógica es irrefutable y que anularla implicaría ignorar la necesidad de pagar salarios que permitan vivir a los trabajadores.
“El salario vital es lógico, si se cae significa que el mensaje de la Corte es que ‘no es necesario pagarle a los trabajadores para que puedan vivir’”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El presidente reconoció que quizás el monto aún sea insuficiente, pero lo considera un avance necesario: “Creo que hasta nos falta un poquito más, pero esa es la cantidad”, expresó, agregando que “de año en año ya no subiría tanto si se hace una buena economía”. Mientras el gobierno celebra esta política como un paso hacia la justicia social, el debate persiste sobre sus implicaciones económicas a largo plazo en un contexto de presiones fiscales crecientes.
