Al menos 25 mujeres han denunciado a un urólogo de Medellín por presuntos abusos sexuales ocurridos durante consultas privadas en su consultorio ubicado en El Poblado, en los últimos veinte años. Las víctimas reportan tocamientos indebidos y preguntas de índole sexual que no correspondían a procedimientos urológicos, en sesiones que superaban los 400.000 pesos. La denuncia inicial data de 2013, lo que llevó a una sanción de seis meses impuesta por el Tribunal de Ética Médica en 2018, aunque esta fue anulada por un juez administrativo el 22 de abril de 2024 por falta de competencia.
Las afectadas formaron un grupo de WhatsApp tras compartir sus experiencias, y la situación escaló cuando una de ellas relató los hechos a la concejala Camila Gaviria, quien impulsó la visibilización del caso. La Secretaría de las Mujeres activó el protocolo conocido como «código fucsia» para brindar apoyo psicológico y jurídico a las denunciantes, permitiendo el inicio de trámites formales y la remisión de los casos a la Fiscalía, aunque no hay claridad sobre avances en las investigaciones. El urólogo continúa ejerciendo su profesión sin restricciones.
Anulación de la sanción y demandas de justicia
En 2018, el Tribunal de Ética Médica suspendió al profesional por seis meses debido a las acusaciones de preguntas personales invasivas y tocamientos improcedentes surgidas de la denuncia de 2013, y remitió el caso a la Fiscalía. Sin embargo, la decisión fue revocada recientemente por un juez que argumentó falta de competencia del tribunal. Las víctimas, que según la concejala suman casi veinte o veinticinco, exigen respuestas institucionales claras para prevenir nuevas agresiones y critican la suspensión como insuficiente.
“Empezaron a darse cuenta de que más mujeres estaban involucradas… casi veinte o veinticinco mujeres que han sido capaces de decir qué les pasó, o que probablemente estuvieron presuntamente siendo víctimas de abuso sexual”
Camila Gaviria, concejala
“Seis meses de suspensión no son justicia, son complicidad”
Camila Gaviria, concejala
Este caso pone en evidencia fallas en los mecanismos de protección para pacientes en consultas privadas y resalta la importancia de redes de apoyo como el grupo de WhatsApp de las víctimas, que ha permitido unir testimonios y activar protocolos oficiales para buscar justicia efectiva.
