Ex-FARC entrega solo 1 de 722 bienes reportados para reparar víctimas del conflicto

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La Contraloría General de la República ha alertado sobre un grave déficit financiero en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado, derivado del incumplimiento de la extinta organización FARC en la entrega de bienes y recursos pactados en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 en Cartagena. Esta revisión exhaustiva revela que, de los 722 bienes inmuebles reportados, solo uno ha sido entregado de manera efectiva, mientras que el dinero en efectivo aportado alcanza apenas el 17 por ciento del monto total prometido, lo que pone en riesgo la financiación de indemnizaciones y programas de reparación acordados.

El Acuerdo de Paz, suscrito hace diez años entre el gobierno nacional y las FARC por el entonces presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, buscaba poner fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Sin embargo, el lento avance en la entrega de propiedades, tierras y activos ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con las obligaciones de reparación colectiva e individual, generando incertidumbre para miles de víctimas que esperan justicia y compensación.

Cifras que evidencian el incumplimiento

La Contraloría detalló que la entidad realizó un análisis minucioso de los 722 bienes inmuebles declarados por las ex FARC, encontrando que la inmensa mayoría permanece sin transferir, lo que agrava el déficit presupuestal destinado a las víctimas. En cuanto a los recursos monetarios, el cumplimiento parcial del 17 por ciento compromete directamente los fondos para programas de indemnización, dejando en vilo iniciativas clave del acuerdo histórico.

Este panorama no solo resalta las dificultades en la implementación del pacto de paz, sino que también subraya la necesidad de mayor vigilancia sobre los activos vinculados. La Contraloría General de la República anunció que continuará el seguimiento estricto de estos bienes y recursos para garantizar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de las obligaciones asumidas y mitigar el impacto en las víctimas del conflicto.

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