Gobierno suprime prima especial de servicios para congresistas desde julio 2026

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El gobierno nacional, a través del presidente de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, que deroga el Decreto 2170 de 2013 y elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República. Esta medida, con efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026, busca garantizar la sostenibilidad fiscal, promover la racionalidad en el gasto público, fortalecer la transparencia y avanzar hacia una mayor equidad salarial en Colombia.

El Decreto 2170 de 2013 había creado esta prima especial de servicios como un sustituto de las primas de salud, localización y vivienda para los congresistas, con un valor inicial equivalente a 7.898.445 pesos en ese año y reajustable anualmente. Ahora, el nuevo decreto pone fin a esta prestación, alineándose con la evolución del marco normativo y la realidad económica del país, sin desmejorar derechos adquiridos según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Solo afectará a los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026.

Fundamentos constitucionales y administrativos

El artículo 187 de la Constitución Política establece el reajuste anual de la asignación básica de los congresistas, mientras que la actividad legislativa no se clasifica como de alto riesgo, por lo que sus miembros cuentan con cobertura en el Sistema General de Seguridad Social. El Departamento Administrativo de la Función Pública, como único órgano competente para conceptuar sobre salarios y prestaciones de los servidores públicos, respalda esta decisión. El Decreto 0030 rige desde su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones contrarias.

Esta reforma representa un paso clave en la optimización de los recursos del Estado, respondiendo a la necesidad de ajustar el gasto público en un contexto de desafíos económicos nacionales, y reafirma el compromiso del gobierno con la equidad en las remuneraciones de los altos funcionarios.

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