Millicom Colombia Holding S.A.S. ha presentado una Oferta Pública de Adquisición para quedarse con entre el 54,68% y el 68,35% de las acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, conocida como Movistar Colombia, lo que equivale a un mínimo de 1.864.694.494 acciones y un máximo de 2.330.868.118. Este anuncio, realizado en enero de 2026 en Colombia, forma parte de un preacuerdo con Telefónica Hispanoamérica S.A. y cuenta con la autorización previa de la Superintendencia de Industria y Comercio, marcando un paso clave en la estrategia de consolidación del sector de telecomunicaciones en el país.
La operación incluye la venta de la participación estatal en Coltel, que opera bajo la marca Movistar Colombia, y busca fortalecer la posición de Millicom, empresa con sede en Luxemburgo que funciona bajo la marca Tigo y atiende a más de 50 millones de usuarios en nueve países de América Latina. El proceso depende ahora de la aceptación de los accionistas dentro de los plazos normativos establecidos, mientras la Comisión de Regulación de Comunicaciones realizará un seguimiento detallado a los posibles efectos en los servicios, precios y calidad para los consumidores colombianos.
Implicaciones para el mercado de telecomunicaciones
Esta OPA representa un movimiento significativo en un sector altamente competitivo, donde Millicom aspira a expandir su influencia mediante la adquisición de una participación mayoritaria en Movistar Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio ya dio luz verde a la oferta, asegurando el cumplimiento de las regulaciones antimonopolio, y el anuncio se basa en un comunicado oficial de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, respaldado por reportes del diario Portafolio. Analistas ven en esta transacción una oportunidad para optimizar operaciones y mejorar la cobertura en el territorio nacional, aunque el resultado final dependerá de la respuesta de los accionistas minoritarios y mayoritarios involucrados.
Con esta jugada, el panorama de las telecomunicaciones en Colombia podría reconfigurarse, beneficiando potencialmente a usuarios con mayores inversiones en infraestructura, siempre bajo la vigilancia regulatoria para garantizar equidad y calidad en el servicio.
