La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció recientemente un proyecto de ley que busca impedir el ingreso a estadios de fútbol y conciertos en Colombia a padres y madres deudores de pensiones alimentarias para sus menores hijos. Esta iniciativa, que será debatida en el Congreso, propone reformular la ley actual o expedir una nueva norma vinculada al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), con el fin de presionar el cumplimiento de estas obligaciones ante el persistente incumplimiento pese a las sanciones existentes, como la pérdida de la patria potestad.
En Colombia se registran más de 130.000 denuncias anuales por incumplimiento de cuotas alimentarias, un problema que ha llevado a Pedraza a inspirarse en experiencias internacionales. En Argentina, una prueba piloto negó el acceso a 4.000 aficionados deudores durante el partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia, aunque la medida se vio limitada por la falta de tecnología para la identificación en los accesos.
«Si tienen plata para una boleta, también la tienen para alimentar a sus hijos».
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara
Viabilidad legal y contexto del Redam
Actualmente, el Redam ya impide a los deudores contratar con el Estado, ejercer cargos públicos o tramitar documentos oficiales, además de sanciones como penas de prisión de uno a tres años y la pérdida de la potestad sobre los hijos. Según Diana Muñoz Gómez, docente del Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad de La Sabana (Ilfarus), para implementar esta nueva estrategia se tendría que reformular la ley actual o expedir una nueva. La experta considera viable jurídicamente esta medida en Colombia, ya que el acceso a eventos deportivos o conciertos no es un derecho fundamental, y la Corte Constitucional ha avalado sanciones restrictivas siempre que sean proporcionales.
«No se les impide vivir libremente, pero sí disfrutar de ciertos beneficios hasta que no se pongan al día en las cuotas alimentarias. Podría considerarse una medida favorable, porque es una medida de control social».
Diana Muñoz Gómez, docente del Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad de La Sabana (Ilfarus)
Recomendaciones para una implementación efectiva
Muñoz Gómez recomendó precisión en el registro de deudores para evitar errores en las sanciones y enfatizó la necesidad de mecanismos de verificación proporcionales que garanticen su aplicación efectiva. La medida busca ejercer presión social sobre los incumplidores, incentivando el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias sin vulnerar derechos esenciales.
