Nueva EPS, la mayor entidad promotora de salud del país, enfrenta una crisis grave por embargos judiciales que superan los 2,1 billones de pesos, equivalentes a su operación mensual completa, lo que pone en riesgo la continuidad de sus operaciones y la atención a 11,7 millones de afiliados en Colombia. Estos bloqueos a cuentas bancarias y recursos de tesorería fueron ordenados recientemente, con un caso destacado el 19 de enero, por cuatro juzgados: el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia en Caquetá, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico en Caquetá, y el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá. Las medidas responden a demandas presentadas por 95 instituciones prestadoras de servicios (IPS), en su mayoría privadas, argumentando conceptos distintos a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), considerada inembargable por el artículo 48 de la Constitución, la ley 1438 de 2011 y la ley 715 de 2001.
Los embargos afectan directamente a más de 5.000 prestadores de servicios de salud, que representan el 80% de las principales instituciones privadas, impidiendo pagos oportunos a proveedores de medicamentos y el cumplimiento de obligaciones básicas del sistema. Un caso específico involucra 60.000 millones de pesos retenidos para Colsubsidio. En medio de un endeudamiento general del sistema de salud que alcanza los 39 billones de pesos, Nueva EPS notificó a las autoridades competentes, solicitó su intervención y ya inició acciones jurídicas para revertir estas decisiones.
Reacciones del Gobierno y propuestas de intervención
El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reaccionado con preocupación ante el impacto en la prestación de servicios. El ministro ha enfatizado la necesidad de proteger los recursos operativos, mientras se propone la liquidación de las EPS intervenidas y un control disciplinario para los jueces involucrados, con el fin de salvaguardar la atención a los usuarios.
“Los fondos retenidos forman parte del funcionamiento operativo necesario para garantizar la entrega de medicamentos a los pacientes”
Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud
Esta situación subraya las tensiones estructurales del sistema de salud colombiano, donde los embargos comprometen no solo la operatividad de Nueva EPS, sino la estabilidad general para millones de afiliados que dependen de servicios oportunos y continuos.
