La Corte Constitucional emitió una contundente advertencia a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) por las demoras y obstáculos administrativos que generan en la atención médica de pacientes, con especial énfasis en los sujetos de especial protección constitucional como los adultos mayores. Esta medida surgió tras el análisis de una acción de tutela interpuesta por el esposo de una mujer de 70 años con múltiples enfermedades crónicas, quien no recibió el procedimiento de hemodinamia ordenado por su médico tratante. El pronunciamiento se dio el martes 20 de enero de 2026 en Bogotá, declarando la carencia de objeto de la demanda debido al fallecimiento de la paciente durante su hospitalización.
El caso reveló fallas graves en los procesos de referencia y contrarreferencia, que impidieron una atención oportuna y continua al derecho fundamental a la salud de la paciente. Aunque el deceso no estuvo directamente relacionado con las pretensiones de la tutela, la Corte aprovechó la oportunidad para reiterar las obligaciones de las EPS en la gestión de una red integral de prestadores y de las IPS remisoras en la responsabilidad del cuidado durante los traslados, exigiendo que se diligencien todos los trámites sin interrupciones ni barreras innecesarias.
Protección prioritaria para adultos mayores
La sentencia subraya la atención prevalente que deben recibir los adultos mayores como grupo vulnerable, obligando a las EPS a organizar las referencias de manera fluida para evitar cualquier discontinuidad en los servicios médicos. Las IPS, por su parte, quedan responsables de superar cualquier obstáculo administrativo que pueda poner en riesgo la vida de los pacientes durante estos procesos. Este pronunciamiento busca prevenir futuras vulneraciones similares en todo el país, fortaleciendo el acceso efectivo a la salud para quienes más lo necesitan.
Desde La Veintitrés Manizales, este fallo de la Corte Constitucional representa un llamado de atención al sistema de salud colombiano para priorizar la eficiencia y la humanidad en la prestación de servicios, especialmente en casos de alta complejidad como el de esta mujer de 70 años afectada por patologías crónicas.
