El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas a través del Decreto 0030 de 2026, una medida que entra en vigor a partir del 20 de julio de 2026 y revoca el Decreto 2170 de 2013 emitido durante el mandato de Juan Manuel Santos. Esta decisión, anunciada el martes 20 de enero de 2026, busca corregir lo que se considera una remuneración desproporcionada de los legisladores en comparación con el ingreso promedio de los colombianos, reorientando el gasto público hacia principios de austeridad y equidad. Los congresistas, cuyo salario base asciende a 12,5 millones de pesos mensuales, dejarán de recibir la prima especial de 16,9 millones de pesos, lo que implica una reducción efectiva de alrededor de 16 millones de pesos menos al mes para quienes se posesionen a partir de la fecha indicada.
La prima especial había sido creada en 2013 como una compensación por beneficios no cuantificables, pero con el tiempo se volvió a criticar por superar el sueldo básico y desconectarse de la realidad económica nacional. Esta eliminación afecta únicamente a los congresistas que asuman sus cargos desde el 20 de julio de 2026, generando reacciones mixtas en el espectro político colombiano, donde se destaca un debate renovado sobre la equidad salarial y la austeridad en el manejo de los recursos públicos.
Reacciones políticas a la medida de austeridad
Figuras destacadas del progresismo celebraron la decisión como un paso histórico hacia la justicia social. Camilo Romero, exembajador de Colombia en Argentina y candidato presidencial, escribió en redes sociales: “¡16 millones menos de salario al mes para los congresistas! Lo hizo el progresismo y no la oposición”. En otro mensaje, profundizó: “Este es un acto de justicia con millones de colombianos que durante décadas vieron cuánto ganaban los congresistas en comparación con su salario mínimo. Hoy pasa lo contrario, se reduce el salario de los congresistas y se aumenta el salario mínimo. Este es otro ejemplo de contraste de lo que significa un gobierno progresista y un gobierno de derecha”.
“Después de 18 proyectos, muchos años de lucha y 11,6 millones de votos en la Consulta Anticorrupción, por fin se logró bajar el salario de los congresistas. Esto no es un favor, es una medida mínima de equidad con los ciudadanos que son nuestros jefes”
Angélica Lozano, senadora del Partido Alianza Verde
Por su parte, Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, enfatizó la coherencia del gobierno al afirmar: “La democracia no se defiende desde los privilegios. Se defiende con decisiones valientes, con coherencia y con respeto por la gente”. Sin embargo, no todas las voces fueron de aplauso; Lidio García Turbay, presidente del Senado y miembro del Partido Liberal, expresó inconformidad al calificar la medida como un posible castigo político, aunque aseguró que acatarán la decisión.
Esta reforma, impulsada tras años de debate público y esfuerzos legislativos, refuerza el compromiso del Gobierno Petro con la reducción de privilegios en el Congreso, alineándose con demandas ciudadanas por mayor transparencia y equidad en el servicio público, según reportes de Infobae Colombia, Colprensa y cuentas oficiales en redes como las de Camilo Romero, Lidio García Turbay y Julián López.
