El Gobierno de Colombia, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, eliminó la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República mediante el Decreto 0030 de 2026, una medida que entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026 y que también implica una redefinición del régimen salarial para los congresistas. Esta decisión busca garantizar la racionalidad en el gasto público y ajustar las remuneraciones a las condiciones económicas actuales del país, impactando no solo a los legisladores sino también a salarios de otros altos funcionarios por las normativas de equivalencia que rigen el sistema.
La norma, emitida en cumplimiento del artículo 187 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992, conocida como la Ley Marco de Salarios, establece ajustes anuales mediante decretos específicos para mantener la uniformidad en las remuneraciones de los poderes públicos. De esta forma, los salarios de cargos como los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Registrador Nacional del Estado Civil, los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la Nación y los magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz seguirán la evolución de las remuneraciones de los congresistas, aplicando el principio de jerarquía y uniformidad en la estructura salarial de las ramas del poder público.
Implicaciones para la estructura salarial del Estado
Esta eliminación de la prima especial de servicios representa un cambio significativo en el esquema retributivo de los altos dignatarios, alineando sus ingresos con criterios de austeridad fiscal y equidad en medio de las presiones económicas que enfrenta Colombia. La medida subraya el compromiso del Gobierno Petro con la optimización de los recursos públicos, asegurando que las compensaciones se ajusten a la realidad presupuestal sin comprometer la independencia de las instituciones, aunque genera debates sobre su impacto en la atracción de talento para estos cargos de alta responsabilidad.
En un contexto donde los salarios de estos funcionarios han seguido históricamente la pauta congresional por mandato legal, el Decreto 0030 de 2026 marca un precedente para futuras revisiones salariales, promoviendo una mayor transparencia y control en el manejo de los dineros públicos en todo el territorio nacional.
