El Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, eliminó la prima especial de servicios para los congresistas mediante el Decreto 003 de 2026, lo que representa un recorte de 16,9 millones de pesos en su salario bruto mensual a partir del 20 de julio de 2026. Esta medida aplica exclusivamente a los legisladores que inicien su período tras las elecciones de marzo de ese año en Colombia, derogando el Decreto 2170 de 2013 que había creado esa prima durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Con este cambio, el salario bruto de los congresistas pasará de alrededor de 51,5 millones de pesos a 34,6 millones, compuesto por un sueldo básico de 12,5 millones y 22,1 millones en gastos de representación. Aunque los descuentos legales actuales, que suman 18,6 millones por salud, pensión y retención en la fuente, se ajustarán proporcionalmente, el ingreso neto actual se mantiene en torno a los 32 millones de pesos mensuales. La decisión busca ajustar el régimen remuneratorio por razones fiscales, promover la equidad y garantizar la sostenibilidad fiscal, en un contexto preelectoral que reaviva el debate sobre las remuneraciones legislativas.
Justificaciones oficiales y reacciones políticas
El decreto oficial argumenta que la prima resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y la realidad económica del país, y añade que “se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, había anticipado esta eliminación para el 20 de julio sin excusas, mientras la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, celebró el logro tras 18 proyectos, años de lucha y 11,6 millones de votos en la Consulta Anticorrupción: “Después de 18 proyectos, muchos años de lucha y 11,6 millones de votos en la Consulta Anticorrupción, por fin se logró bajar el salario de los congresistas. Esto no es un favor, es una medida mínima de equidad con los ciudadanos que son nuestros jefes”.
“¿Le parece que es excesivo que un congresista que tiene tantas responsabilidades finalmente reciba un neto de $32 millones? Si eso le parece excesivo, entonces busquemos cuánto se gana el presidente de Ecopetrol, cuánto se gana el presidente de la Fiduciaria, cuánto se gana el presidente de Colpensiones, cuánto se ganan muchos altos funcionarios. Me parece inocuo entrar en estas disposiciones. Un congresista que se gana $32 millones no es bien remunerado”
Antonio Luis Zabaraín, senador de Cambio Radical
Antecedentes jurídicos y aplicación futura
La senadora Lozano había cuestionado previamente la postergación de la medida por criterios jurídicos relacionados con derechos adquiridos. La Corte Constitucional respaldó esta posibilidad en la Sentencia CA-08 de 2021, al afirmar que “la prohibición de desmejora de los derechos sociales de los trabajadores no convierte a dichos derechos en absolutos”. Además, el nuevo régimen incorpora un ajuste salarial anual basado en el incremento promedio de los servidores públicos, asegurando que solo impacte a los nuevos congresistas sin alterar los derechos de los actuales.
Esta supresión de la prima especial de servicios, creada en 2013 para reemplazar otras asignaciones, marca un paso hacia la austeridad fiscal en el Legislativo, en medio de un intenso escrutinio público sobre los privilegios de los representantes populares.
