La defensa de la familia de Valeria Afanador presentó un memorial ante la Fiscalía General de la Nación solicitando la imputación de cargos por homicidio agravado en modalidad dolosa contra la rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles, Sonia Ochoa, y dos profesores, Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón Perilla. Esta acción, impulsada por el abogado Julián Quintana, se radicó cuatro meses después del hallazgo del cadáver de la menor, y se basa en la presunta negligencia en los deberes de custodia, vigilancia y control que facilitaron el desenlace fatal.
Valeria Afanador desapareció el 29 de agosto de 2025 desde el Gimnasio Campestre Los Laureles en Manizales, y su cuerpo fue encontrado 18 días después cerca del colegio, en un caso confirmado como asesinato aunque persisten incógnitas sobre el responsable y las circunstancias exactas. La solicitud destaca que, en su condición de rectora y máxima autoridad institucional, Sonia Ochoa omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que eran de su total conocimiento.
Omisiones específicas de los implicados
En el caso de la profesora Emely Viviana Fuentes Hernández, se le acusa de incumplir sus funciones de vigilancia al permitir la salida de Valeria del aula sin activar los mecanismos de protección correspondientes. Por su parte, el profesor Diego Orlando Pinzón Perilla advirtió la presencia anómala de la menor fuera del salón en un horario no autorizado, pero no actuó de manera adecuada. El documento argumenta que en los tres casos, el material probatorio existente permite afirmar razonablemente que tenían el deber jurídico de actuar, debían hacerlo y no lo hicieron, elevando y manteniendo un riesgo no permitido que se concretó en el resultado fatal.
“Después de verificados todos los elementos probatorios que reposan en la carpeta de la Fiscalía, le hemos solicitado a través de un memorial donde estructuramos perfectamente la imputación de cargos de la rectora del colegio y dos profesores por homicidio agravado en modalidad dolosa. Esperamos que más temprano que tarde la Fiscalía radique audiencias de imputación en contra de estas personas”
Julián Quintana, abogado de la familia Afanador
Quintana también expresó frustración por las demoras e inconsistencias en la investigación de la Fiscalía, señalando que hoy ni siquiera se conocen las circunstancias exactas de cómo Valeria fue sustraída del colegio. Esta imputación busca que la Fiscalía avance en el proceso y radique las respectivas audiencias, en un esfuerzo por esclarecer las responsabilidades institucionales en la tragedia que enlutó a la familia y conmocionó a la comunidad educativa de Manizales.
