La Superintendencia Nacional de Salud llevó a cabo una inspección sorpresa en el Hospital San Rafael de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, calificada por fuentes del centro asistencial como inédita en su magnitud y posiblemente motivada por retaliación tras la denuncia pública del gerente Luis Fernando Arroyave sobre la grave crisis financiera provocada por deudas de Nueva EPS, intervenida por la misma entidad. La revisión, iniciada el 20 de enero y prevista para extenderse hasta el 22 de enero, contó con un equipo de cinco funcionarios liderados por la superintendente delegada para Prestadores, Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y abarcó un minucioso escrutinio de instalaciones, estados financieros, condiciones laborales y disponibilidad de insumos médicos, recorriendo salas de cirugía, la Unidad de Cuidados Intensivos en el tercer piso e instalaciones administrativas.
Esta acción se produce apenas días después de la rueda de prensa del 15 de enero en la que Arroyave expuso la dramática situación del hospital, que atiende a población de estratos medios y populares, asfixiado por el incumplimiento de pagos de Nueva EPS por 8.000 millones de pesos, lo que refleja los profundos problemas del sistema de salud colombiano con retrasos en giros de las EPS y riesgos en la atención a usuarios. Fuentes hospitalarias destacan que nunca antes se había realizado una auditoría de esta envergadura, mientras que recientemente se transfirieron recursos para cubrir de manera parcial los salarios del personal, en un contexto donde el Hospital General de Medellín reporta una ocupación del 100% y ha recibido 210.000 millones de pesos del distrito en los últimos dos años.
Denuncias de crisis y sospechas de retaliación
El gerente Arroyave describió en su denuncia la precariedad extrema vivida por el personal, agravada por las deudas que han llevado a los trabajadores a recurrir a pagadiarios y a situaciones de hambre extrema. Gremios profesionales y líderes como Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red Social de Antioquia Rasa, cuestionaron si la inspección busca coartar las voces de los hospitales ante las deudas de las EPS intervenidas o si, por el contrario, agilizará el flujo de recursos para la recuperación del centro médico.
“El año pasado la gente se me desmayaba del hambre y de mi propio pecunio saqué para repartir mercados. La gente ha tenido que recurrir a los pagadiarios. Las entidades de salud están bloqueadas por la banca porque somos ‘malas pagas’, pero no es porque queramos, es porque no nos pagan”
Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí
“Hemos tenido personas que entre tres o cuatro se reúnen sus coquitas, se comparten lo que traen de comer para poder seis o siete personas comer”
Jhonatan Avendaño, enfermero jefe de Seguridad del Paciente
El ministro Jaramillo, por su parte, aludió a la situación con la frase “Los ricos también lloran”, en un guiño a las dificultades que trascienden clases sociales, mientras persisten las alertas sobre el colapso potencial del sistema de salud en la región, donde inspecciones como esta podrían ser clave para desbloquear pagos pendientes y garantizar la continuidad de servicios esenciales.
“Esperamos que no sea una retaliación y que por supuesto no estén utilizando las instituciones de inspección vigilancia y control para coartar a los hospitales sobre las deudas de las EPS intervenidas”
Gremios profesionales
“La visita de la Superintendencia pareciera que fuera una retaliación en razón a las declaraciones generosas y honestas del gerente del hospital. Esperamos que la visita tenga como intención agilizar el flujo de los recursos de las EPS y avanzar en la recuperación del hospital”
Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red Social de Antioquia Rasa
