La Presidencia de la República presentó una recusación formal contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte Constitucional, con el objetivo de apartarlo de cualquier discusión o decisión relacionada con el control constitucional del decreto de emergencia económica. Esta acción se radicó ante la misma Corte Constitucional el miércoles 21 de enero, en medio de un contexto tenso generado por la solicitud de suspensión provisional del decreto que el propio Ibáñez había radicado ese mismo día durante el estudio de fondo del caso.
La recusación busca impedir la participación de Ibáñez en el proceso, argumentando que su imparcialidad se encuentra comprometida tras haber emitido un concepto previo sobre el decreto en una entrevista pública. De esta manera, la Presidencia invoca los procedimientos establecidos para que la Corte evalúe la solicitud y determine si el magistrado debe ser excluido, lo que podría influir directamente en la revisión y las decisiones finales del tribunal sobre la medida de emergencia económica que se encuentra bajo su escrutinio.
Contexto del control constitucional en curso
La Corte Constitucional avanza en el análisis de constitucionalidad del decreto de emergencia económica, un mecanismo clave en la agenda gubernamental que ha generado controversia. La intervención de Ibáñez con su petición de suspensión provisional el 21 de enero añade un elemento de urgencia al debate, mientras que la recusación presentada por la Presidencia podría reconfigurar la composición del salón de deliberaciones y alterar el rumbo de las deliberaciones. Esta noticia se encuentra en desarrollo, con la expectativa de que la Corte resuelva pronto sobre ambas solicitudes para no demorar el proceso.
El desarrollo de estos eventos subraya las tensiones institucionales en torno a decretos de alto impacto económico y pone de manifiesto la importancia de la imparcialidad en los órganos de control constitucional, en un momento crítico para la estabilidad normativa del país.
