Francisco Bernate, apoderado legal del Gimnasio Campestre Los Laureles, defendió a la rectora Sonia Ochoa y a los profesores Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón Perilla, al asegurar que la solicitud de imputación de cargos por homicidio agravado por omisión de deber de protección, presentada por la familia de Valeria Afanador, no es procedente. La menor falleció el 29 de agosto de 2025, tras permanecer desaparecida durante 18 días, en un caso que ha conmocionado a la comunidad educativa de Manizales. El pronunciamiento del colegio, difundido en un video por su abogado, responde directamente a la petición impulsada por Julián Quintana, representante legal de la familia de la víctima.
La familia de Valeria alega que la rectora y los profesores omitieron garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección que conocían. Según Quintana, en los tres casos el material probatorio permite afirmar que tenían el deber jurídico de actuar y no lo hicieron, elevando un riesgo no permitido que se concretó en el resultado fatal. Por su parte, el colegio enfatiza que colaboró plenamente con la investigación, con roles definidos para la supervisión de menores durante la merienda y el recreo, y destaca inspecciones previas de entes de control que concluyeron en el cumplimiento de la normativa de seguridad.
Las palabras de la defensa de Valeria Afanador
Quintana resumió la tesis de la familia de manera estricta: quien asume la protección de un bien jurídico o la administración de una fuente de riesgo, especialmente cuando se trata de niños, debe responder por las omisiones. En contraste, Bernate respetó la posición de los apoderados de la víctima, pero argumentó que jurídicamente no procede la imputación, ya que las autoridades conocen las visitas, inspecciones y vigilancia permanentes al colegio. Además, precisó que la rectora había delegado estas funciones en personas competentes, por lo que no estaba pendiente de lo que ocurría en el jardín o durante la merienda, como cualquier rector.
«Respetamos esta posición. Por supuesto que se compadece con el rol de los apoderados de víctimas. Es apenas entendible»
Francisco Bernate, apoderado legal del colegio
«Jurídicamente no es procedente, por cuanto primero, las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado por todas las autoridades»
Francisco Bernate, apoderado legal del colegio
«En su calidad de máxima autoridad, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que eran de su total conocimiento»
Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, sobre la rectora Sonia Ochoa
El Gimnasio Campestre Los Laureles subraya que una inspección de autoridades justo antes de la desaparición aprobó el cumplimiento de protocolos, con supervisión a cargo de personal capacitado al que la rectora delegó competencias. Este intercambio de posiciones marca un nuevo capítulo en la investigación por la trágica muerte de Valeria, mientras las autoridades continúan evaluando las pruebas para determinar responsabilidades.
