El Gobierno nacional de Colombia expidió el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso y redefine el régimen salarial para los futuros legisladores, con efectos a partir del 20 de julio de 2026. Esta medida, enmarcada en las facultades constitucionales y legales del Ejecutivo, representa un recorte de 16,9 millones de pesos en las remuneraciones de los congresistas electos en el próximo periodo legislativo, como parte de un ajuste a la política remuneratoria parlamentaria que busca establecer normas de equivalencia salarial con otros altos funcionarios del Estado.
La decisión revive un debate histórico sobre los límites constitucionales a las reducciones salariales de los funcionarios públicos, especialmente tras el precedente establecido por la Corte Constitucional en 2020, que invalidó el Decreto 568 de ese año por realizar deducciones salariales exclusivamente a servidores públicos, lo que violaba los principios de generalidad y equidad tributaria. Ahora, el nuevo decreto se aplica de manera exclusiva a los congresistas elegidos a partir del próximo periodo, dejando intactas las remuneraciones de los actuales legisladores.
Impacto en altas dignidades del Estado
El cambio no solo afecta directamente al Congreso, sino que genera un impacto indirecto en otras instituciones clave como la Procuraduría General, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, el Registrador Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las altas cortes, debido al principio de equivalencia salarial establecido en la Ley 4 de 1992. Esta norma obliga a mantener una paridad en las remuneraciones entre estos cargos, por lo que cualquier ajuste en los congresistas podría extenderse automáticamente a estos altos funcionarios.
Control judicial y posibles desafíos
El decreto queda sujeto a control judicial, con el Consejo de Estado como juez natural para eventuales controversias, mientras que la Corte Constitucional podría intervenir en caso de una acción de inconstitucionalidad. Esta medida busca equilibrar las finanzas públicas en un contexto de presiones fiscales, aunque ya genera anticipadas discusiones sobre su constitucionalidad y equidad, recordando las fallas del pasado que llevaron a la invalidación de iniciativas similares.
