El movimiento Pacto Por Una Mejor Salud, que agrupa a más de 40 entidades del sector incluyendo gremios de pacientes y exministros, advirtió que la liquidación generalizada de las EPS intervenidas agravaría la crisis en la atención médica y la estabilidad financiera del sistema de salud en Colombia. Esta alerta surge en respuesta a la iniciativa presidencial de liquidar estas entidades sin un modelo de transición probado ni respaldo financiero adecuado, con proyecciones de impactos graves para finales de 2025 y 2026 a nivel nacional.
Entre las cifras más alarmantes destacan las deudas del Gobierno con el sector salud que superarían los 2 billones de pesos para finales de 2025, junto con desembolsos del presupuesto máximo de ese año atrasados en más de 2 billones de pesos adicionales. Para 2026, el presupuesto máximo solo alcanzaría el 25% de lo necesario para cubrir enfermedades huérfanas y patologías de alto costo, mientras la actualización de la Unidad de Pago por Capitación no cubriría integralmente los regímenes contributivo y subsidiado. Estos elementos, según el pronunciamiento del Pacto, responden a una crisis actual marcada por desfinanciación y deudas que ya genera interrupciones en tratamientos, saturación de urgencias y aumento de la morbimortalidad.
Riesgos operativos y financieros sin precedentes
El Pacto enfatiza que las EPS cumplen funciones esenciales como la gestión del riesgo, la organización de redes de prestación de servicios, la articulación entre niveles de atención y el pago oportuno a las IPS. Su liquidación abrupta afectaría principalmente a pacientes con enfermedades huérfanas, crónicas, de alto costo o tratamientos prolongados, rompiendo la cadena de pagos y dejando a millones de ciudadanos, hospitales y clínicas sin interlocutores claros. No existe institución gubernamental nacional o regional con la capacidad operativa para asumir directamente la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud de manera simultánea en todo el país.
«No hay institución del Gobierno nacional o regional que hoy tenga la capacidad operativa para atender de manera directa y simultánea la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el país».
Pacto Por Una Mejor Salud
Los efectos financieros serían severos, ya que aunque los recursos de la UPC seguirían fluyendo, la ausencia de pagadores organizados provocaría una ruptura en los desembolsos, profundizando la crisis humanitaria, la liquidez de las entidades, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.
«Los efectos financieros serían severos. Aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación seguirían fluyendo, la disminución o ausencia abrupta de pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. Millones de ciudadanos y miles de hospitales y clínicas quedarían sin un interlocutor claro, profundizando la crisis humanitaria y de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud».
Pacto Por Una Mejor Salud
El Pacto Por Una Mejor Salud insiste en que el derecho fundamental a la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas, ideológicas o carentes de sustento técnico, y aboga por una salida basada en diálogo, rigurosidad y responsabilidad institucional en lugar de atajos que profundicen la incertidumbre y el sufrimiento de la población y los trabajadores del sector.
«El derecho fundamental a la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas, ideológicas o carentes de sustento técnico. La salida a la crisis requiere diálogo, rigurosidad y responsabilidad institucional; no es con atajos que profundicen la incertidumbre y el sufrimiento de la población y los trabajadores».
Pacto Por Una Mejor Salud
