La Procuraduría General de la Nación postergó la audiencia de conciliación extrajudicial sobre las reclamaciones presentadas por el Grupo Malkenu S.A.S. contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, y la Secretaría Distrital de Planeación, por presuntos daños administrativos y urbanísticos en el proyecto de 70 mil viviendas de interés social en Ciudad Bolívar. La nueva fecha se fijó para el 3 de febrero de 2026 a las 10:30 de la mañana de manera virtual, tras una petición del Distrito que fue aceptada por la Procuraduría para conformar una mesa técnica con la Secretaría Jurídica y la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de analizar aspectos técnicos complejos antes de que se reúna el Comité de Conciliación. Este proceso se inició en diciembre de 2021 y se centra en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.
El proyecto en cuestión abarca los terrenos de La Azotea, con más de 300 hectáreas distribuidas en tres lotes, dentro del polígono Ciudad Bolívar 75-Azoteas que suma 109 hectáreas en Bogotá y 85 en Soacha, y contempla un valor potencial cercano a los dos billones de pesos, con 75.480 viviendas incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Grupo Malkenu S.A.S. adquirió el lote La Azotea 1 en 2017, mientras que los lotes 2 y 3 fueron obtenidos vía Suever SAS. Sin embargo, en ese mismo año, Rafael Armando Forero Pulido, hijo de Rafael Forero Fetecua, conocido urbanizador ilegal y condenado en 2014 a 55 meses de prisión, reclamó la propiedad, lo que ha complicado el desarrollo.
Los litigios sobre La Azotea frenan la ejecución del plan parcial en Ciudad Bolívar y Soacha
Se trata de un proceso de reparación directa impulsado por Malkenu contra la Alcaldía y la Secretaría de Planeación por daños en la planeación del proyecto La Azotea, que data de un plan parcial propuesto en 2006. La disputa incluye graves acusaciones de falsificaciones documentales por parte de la corregidora Luz Elena Guerra, quien enfrenta una demanda penal desde 2020 por prevaricato y falsedad en documento, confirmada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2022. En abril de 2022, el Juzgado Segundo Penal falló que Guerra ordenó un desalojo con documentos discordantes. Además, el área enfrenta restricciones como ser zona protegida con más del 80% según el Pomca del Río Bogotá y falta de viabilidad para suministro de agua por parte de Acueducto de Bogotá, lo que agrava las tensiones. Durante la gestión de la exalcaldesa Claudia López, el POT incorporó la avenida Circunvalar del Sur, alterando dinámicas previas.
“Estamos convencidos de que es la mejor respuesta para el desarrollo de ese sector. Es un plan de renovación urbana total, con todos los servicios complementarios requeridos”.
Humberto Castro, consultor del Plan Parcial Azoteas, a El Espectador en 2023
“Es fundamental que esta zona se desarrolle legalmente en conjunto con el Distrito y no termine siendo ocupada por invasores”.
Humberto Castro, consultor del Plan Parcial Azoteas, a El Espectador en 2023
Estos litigios no solo paralizan la ejecución del plan parcial en Ciudad Bolívar y Soacha, sino que podrían generar consecuencias jurídicas y fiscales a nivel nacional, estableciendo directrices sobre la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales. La postergación de la audiencia representa un nuevo capítulo en una saga que pone en jaque el desarrollo urbano de una de las zonas más críticas de la capital, donde la necesidad de vivienda social choca con complejos impedimentos ambientales, legales y administrativos.
