La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) alertó sobre los riesgos de modificar la fórmula de precios para la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia, al argumentar que eliminar la indexación al salario mínimo y fijar los precios en pesos desde el inicio de los negocios podría disparar los costos de arriendos y de nuevos proyectos inmobiliarios, al agravar la desaceleración del sector constructor. Este estudio de Anif, basado en datos del tercer trimestre de 2025 y ventas hasta noviembre, propone utilizar únicamente el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (Icoced) para ajustes extraordinarios, aunque critica que este indicador no refleja gastos clave como el suelo urbano, costos administrativos y financieros.
El sector de edificaciones acumula nueve trimestres consecutivos de contracción, con una caída del 8,1% en el año corrido al tercer trimestre de 2025, mientras que las ventas de vivienda totales crecieron un 11,8% hasta noviembre, alcanzando las 160.000 unidades, de las cuales el 67% corresponde a VIS. Sin embargo, las iniciaciones de proyectos VIS han plummado un 26%, tocando mínimos históricos, en un contexto marcado por la recuperación frágil de las ventas, aún lejos de los niveles de 2021 y 2022, y un aumento del salario mínimo del 23,7%.
Incertidumbre regulatoria profundiza la crisis
La propuesta genera un intenso debate técnico sobre su impacto en el mercado inmobiliario, donde el sector constructor enfrenta caídas en iniciaciones, mayor incertidumbre regulatoria y numerosos desistimientos tras la eliminación del programa Mi Casa Ya. Anif enfatiza que el Icoced solo captura variaciones en mano de obra y materiales, ignorando costos indirectos como el precio del suelo, la financiación y la inflación de insumos, lo que podría reducir aún más la oferta de VIS y presionar al alza los precios de la vivienda usada y los arriendos.
En este escenario, la menor oferta de VIS no solo amenazaría la accesibilidad habitacional, sino que generaría incertidumbre jurídica durante el régimen de transición, recomendando que el debate se centre en factores estructurales como el encarecimiento del suelo urbano y los costos financieros para evitar profundizar la desaceleración del sector.
