El gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, anunció la imposición de aranceles del 30 por ciento a productos colombianos a partir del 1 de febrero, lo que provocó una respuesta inmediata del gobierno colombiano. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador como medida de reciprocidad, con hora cero establecida a las 6 de la tarde del 22 de enero. Esta escalada comercial afecta directamente la frontera entre Colombia y Ecuador, particularmente en el Puente Internacional de Rumichaca, en Nariño, donde operan ciudades como Ipiales y Pasto, y genera alertas por posibles desempleos e incrementos en la inseguridad.
La decisión ecuatoriana responde a restricciones previas que Quito ha aplicado a productos colombianos desde diciembre, incluyendo limitaciones al transporte de crudo. Diariamente cruzan unas 250 tractomulas por el puente de Rumichaca, en un intercambio comercial anual que supera los 2.000 millones de dólares; en 2024 se registraron 2.160 millones de dólares y para 2025 se espera un valor similar. Esta suspensión de energía, coordinada con el sistema eléctrico colombiano, busca equilibrar la balanza ante lo que Bogotá califica de agresión, aunque las cámaras de comercio locales advierten sobre graves consecuencias económicas y sociales en la región fronteriza.
Preocupación por desempleo y auge del contrabando
Iván Flórez, presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, expresó su temor ante el impacto: “se va a haber afectado el comercio, los precios, posiblemente el empleo, pero además, un riesgo altísimo de que incremente en actividades ilícitas como el contrabando y que esto, finalmente, va a redundar en que incremente la inseguridad en los pasos no autorizados; es decir, va a ser un caldo de cultivo para las actividades ilícitas”. Por su parte, Andrés López Eraso, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, instó al diálogo: “en el año 2024 hablamos de USD2.160 millones comercializados, 2025 estuvo cerca de ese valor, por ello instamos al Gobierno nacional que de forma inmediata ponga cartas en el asunto y, a través del diálogo, podamos resolver esto que hoy golpea, no solo al departamento de Nariño, sino que genera condiciones comerciales económicas adversas para Colombia”.
“Esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las seis de la tarde del día de hoy”
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia
El ministro Palma enfatizó que “no es una medida que nos guste ni que queramos, porque hemos venido ampliando la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano, pero es una respuesta a una medida de agresión del gobierno ecuatoriano”. Además, reiteró: “Creemos en la integración, en la cooperación y en el diálogo, no en una guerra arancelaria”. En respuesta, la Alcaldía de Pasto, liderada por Nicolás Toro Muñoz, junto al Comité Intergremial de Nariño, solicitaron priorizar la diplomacia; se prevé un comité ampliado el 26 de enero con el gobernador Luis Escobar y una posible delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Paralelamente, se refuerzan los controles a combustibles y narcotráfico en las fronteras sur, Catatumbo y La Guajira, ante los riesgos de contrabando e inseguridad derivados de esta tensión bilateral.
