La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, liderada por su presidente Hermens Darío Lara Acuña, rechazó el Decreto 0030 de 2026 expedido por el Gobierno nacional, que eliminó la prima de servicios a los congresistas de la República. Esta medida, según la Junta Directiva de la entidad, afecta directamente los salarios de jueces, magistrados, procuradores y fiscales en los distintos distritos judiciales del país, debido a los esquemas de equivalencia salarial y topes establecidos. A través de un comunicado oficial, la corporación expresó su profunda preocupación e instó al presidente Gustavo Petro a revisar y aclarar el alcance de esta norma, que pone en riesgo la calidad de vida de los funcionarios judiciales y sus familias.
El decreto, emitido en 2026, busca ajustar las remuneraciones de los congresistas mediante la supresión de la prima de servicios, pero genera inquietud reciente entre los miembros de la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, al incidir en sus ingresos por los mecanismos de equivalencia que rigen sus salarios. La corporación, afiliada a la Federación Latinoamericana de Magistrados y a la Unión Internacional de Magistrados, representa a funcionarios de diversos distritos judiciales y advierte que esta decisión podría tener repercusiones en el talento humano al servicio de la Judicatura, el Consejo Superior de la Judicatura y los organismos de control.
Cuestionamientos a la legalidad y llamados a la acción
Hermens Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, enfatizó los riesgos de esta medida al señalar que representa una ingeniería constitucional no democrática, pretendiendo impactar al Congreso pero afectando inevitablemente a la Rama Judicial, la Fiscalía y la Procuraduría. Además, cuestionó la legalidad del procedimiento, argumentando que un decreto no puede contradecir lo establecido por la ley vigente. Ante esta situación, la Junta Directiva urgió al Gobierno nacional, a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y a todas las autoridades competentes a adoptar medidas para evitar tales afectaciones y solventar la problemática.
«La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, afiliada a la Federación Latinoamericana de Magistrados y a la Unión Internacional de Magistrados, en representación de los funcionarios judiciales de diferentes distritos judiciales del país que integran esta corporación, expresa su preocupación con ocasión de la expedición del citado decreto, mediante el cual el Gobierno nacional disminuyó la remuneración salarial de los congresistas de la República, lo cual también impacta el salario de miembros de la rama judicial, de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación, e incide consecuentemente en la calidad de vida de sus familias y de todos quienes hacemos parte de la familia judicial.»
Hermens Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia
«Instamos al Gobierno nacional a adoptar las medidas que correspondan para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura, a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a los organismos de control y, en general, a todas las autoridades competentes, a adelantar las gestiones para solventar esta problemática.»
Junta Directiva de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia
La controversia se enriquece con referencias a antecedentes internacionales en países como México, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Ecuador, donde similares ajustes han generado tensiones. La corporación anticipa posibles demandas ante la jurisdicción administrativa y recomienda que los magistrados afectados se declaren impedidos para garantizar la imparcialidad. Este episodio subraya las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial en Colombia, en un contexto de ajustes presupuestales que podrían alterar el equilibrio institucional.
«Lo peligroso de esto es jugar a una ingeniería constitucional en favor de una postura que no es democrática, porque lo que se pretende afectar es al Congreso de la República pero yo no creo que nadie, en la Casa de Nariño, desconozca que esto afectaba el ingreso de la Rama Judicial, de la Fiscalía y la Procuraduría.»
Hermens Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia
«El mecanismo que se ha utilizado va en contra de la misma ley. Un decreto no puede desconocer lo que dice la misma ley.»
Hermens Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia
