La Contraloría General de la República ha iniciado una indagación preliminar por posibles irregularidades en el contrato millonario suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y la empresa Dibanka S.A.S., enfocado en la transformación digital de trámites para los afiliados. Esta acción surge tras una auditoría que detectó inconsistencias en la ejecución del acuerdo, con quejas de los usuarios remontándose hasta el año 2020. La revisión incluye alertas internas, denuncias disciplinarias y reportes fiscales, y apunta a un presunto daño patrimonial de 1.600 millones de pesos por gastos injustificados, falta de trazabilidad en los recursos, subcontratación opaca y deficiencias contractuales.
Casur, entidad encargada de administrar las pensiones de oficiales, suboficiales y personal ejecutivo retirado de la Policía Nacional, así como diversos programas de bienestar para sus afiliados, seleccionó a Dibanka como operadora de una plataforma de libranzas desde 2020. Sin embargo, la auditoría reveló problemas como la subcontratación de Dibanka con la Fundación Donarte, que comparte la misma dirección física, sin claridad en la facturación ni en los servicios prestados. Además, se identificaron reducciones porcentuales injustificadas a favor de Casur sin sustento técnico, y un subcontrato para campañas de concientización en salud mental y física que carece de soportes de ejecución. Todo esto ocurre en el contexto de un proyecto vacacional en Apulo, Cundinamarca, y ha generado denuncias por descuentos inexplicables en las pensiones, riesgos en el manejo de datos personales y presuntos conflictos en el proceso de selección de Dibanka.
Irregularidades que comprometen fondos públicos
La indagación de la Contraloría profundiza en estas anomalías, que podrían impactar directamente las finanzas de Casur, el bienestar de miles de pensionados y el correcto manejo de fondos públicos en Colombia. Los auditores han cuestionado la opacidad en la cadena de subcontratos y la ausencia de evidencia sobre el cumplimiento de obligaciones, lo que genera preocupación por la eficiencia y transparencia en servicios digitales destinados a trámites de afiliados.
«no hay ladrillo sobre ladrillo»
Testimonios de policías en retiro citados en la auditoría
Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades en la gestión de entidades como Casur y subraya la necesidad de mayor escrutinio en contratos de transformación digital que involucran recursos de pensionados. La Contraloría avanzará en su investigación para determinar responsabilidades, mientras los afectados esperan respuestas que garanticen la protección de sus derechos y el destino adecuado de los fondos.
