Trabajadores de la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, se encadenaron de manera simbólica frente a las oficinas principales en Bucaramanga, sede de la empresa conocida como Essa, en medio de una escalada de protestas que incluyen marchas por las calles, asambleas permanentes y movilizaciones en municipios como Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, en el departamento de Santander. La acción surge tras el fracaso de la fase de arreglo directo a inicios de enero, seguido de una prórroga de 21 días solicitada por la empresa sin que se lograra ningún avance en las negociaciones sobre ajustes salariales al salario mínimo legal vigente, formalización laboral y garantías de seguridad en labores de alto riesgo.
El sindicato Sintraelecol, que representa a los trabajadores de la energía eléctrica en Colombia y cuenta con el asesoramiento legal de Carlos Roncancio, denuncia la negativa de la empresa a responder a estos reclamos, que también buscan evitar la tercerización laboral. La protesta pone en riesgo el abastecimiento eléctrico para más de 940.000 usuarios en la región, con advertencias de una posible paralización total si no hay avances. La Electrificadora de Santander registró en 2024 ingresos operacionales superiores a 2,5 billones de pesos y una utilidad neta cercana a los 252 mil millones de pesos, con proyecciones de inversiones por más de 1,5 billones de pesos entre 2025 y 2028, además de un Índice de Precio al Productor (IPP) alrededor del 2% ese año. La empresa mantiene una calificación AAA en agencias de riesgo, aunque el sindicato advierte que la falta de gobernanza podría ponerla en entredicho.
Posiciones de las partes en el conflicto
Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores adscritos a Sintraelecol, hizo un llamado urgente a la junta directiva de la compañía y al Grupo EPM para considerar todos los riesgos operacionales y hacer una propuesta alineada con los lineamientos constitucionales, convencionales y el decreto nacional sobre el incremento del salario mínimo. Por su parte, la administración de la Electrificadora de Santander ha insistido en que los incrementos salariales deben superar el Índice de Precio al Consumidor (IPC), migrando las propuestas desde ese valor más algunos puntos adicionales. La empresa ha negado cualquier intermediación del Ministerio del Trabajo en el proceso.
“La junta directiva de esta compañía y, sobre todo, EPM deben tener en cuenta todos los factores y los riesgos que se pueden presentar. Por eso, hacemos un llamado a la empresa para que en las oportunidades que aún faltan en este conflicto, haga una propuesta acorde a los lineamientos constitucionales y convencionales, respetando el decreto del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo”
Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia adscritos a Sintraelecol
“Los incrementos deben estar por encima del Índice de Precio al Consumidor (IPC), y en esa medida las propuestas se irán migrando entre este valor del IPC más unos puntos”
Administración de la Electrificadora de Santander
Con las movilizaciones intensificándose, el conflicto amenaza no solo la estabilidad laboral sino también la continuidad del servicio eléctrico en Santander, donde la empresa goza de una solidez financiera contrastante con las demandas sindicales por condiciones dignas y seguras, en un momento clave para sus ambiciosas inversiones futuras.
