La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, manifestó su profunda preocupación ante el proyecto de decreto impulsado por el Gobierno nacional que busca ampliar las funciones de los operadores postales de pago, permitiéndoles captar recursos del público mediante cuentas postales para recibir, mantener y transferir dinero, sin contar con una supervisión financiera equivalente a la que rigen los bancos.
Este gremio bancario alertó sobre los riesgos inherentes a esta iniciativa, destacando la ausencia de control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo que deja a los usuarios expuestos sin el respaldo de un seguro de depósitos como el que ofrece Fogafín ni mecanismos de control comparables a los del sistema bancario tradicional.
Riesgos para la estabilidad financiera y los usuarios
El proyecto en cuestión modifica el Decreto 1078 de 2015 para extender los servicios postales de pago, incluyendo giros, transferencias y la administración de saldos, con el objetivo gubernamental de fortalecer la inclusión financiera en regiones con menor presencia de entidades bancarias. Sin embargo, Asobancaria advierte que los operadores postales no están bajo supervisión directa de las autoridades financieras, lo que podría derivar en fallas operativas, problemas de liquidez y un mayor riesgo de usos ilícitos, como el lavado de activos, al carecer de controles adecuados.
Entre los impactos negativos señalados figuran el arbitraje regulatorio, la fragmentación del ecosistema de pagos y posibles afectaciones al sistema de pagos inmediatos Bre-B, promovido por el Banco de la República. Ante esta situación, Asobancaria solicitó al Gobierno abstenerse de expedir el decreto en su forma actual, instando a una revisión que garantice la protección de los ahorristas y la integridad del sistema financiero colombiano.
