El concejal de Bogotá Julián Uscátegui denunció que la capital dejó de recaudar más de 734.600 millones de pesos por la prescripción de obligaciones tributarias entre 2020 y 2025, debido a la falta de gestión oportuna para iniciar procesos de cobro, ya que estas obligaciones prescriben a los cinco años desde su causación. Ante esta situación, Uscátegui presentó un proyecto de acuerdo que propone alivios progresivos en intereses y sanciones para deudores que se pongan al día, con reducciones del 70 por ciento hasta el 31 de marzo de 2026, del 50 por ciento hasta el 30 de junio de ese año y del 30 por ciento hasta el 30 de septiembre de 2026, siempre condicionadas al pago total del capital adeudado.
De esa cifra total no recaudada, 403.301 millones de pesos corresponden al impuesto predial, equivalente al 53,9 por ciento del presupuesto de inversión de la Secretaría de Seguridad para 2026, y supera los presupuestos anuales de entidades como la Secretaría de la Mujer, el Idipron, la Uaesp y la Secretaría de Desarrollo Económico. Por su parte, los 331.365 millones del impuesto vehicular representan el 44,3 por ciento del mismo presupuesto de seguridad e igualan el de la Personería de Bogotá, lo que resalta la magnitud de las pérdidas para la ciudad.
Una propuesta para recuperar recursos perdidos
La iniciativa busca mejorar el recaudo mediante incentivos responsables que premien a los contribuyentes dispuestos a normalizar su situación tributaria, en un contexto donde la Secretaría Distrital de Hacienda proyecta recaudar una suma equivalente en un año con procesos de normalización. Según el artículo 819 del Estatuto Tributario y el concepto 18821 de la DIAN del 18 de julio de 2016, las obligaciones prescribidas pasan de exigible a natural, lo que impide expedir certificados de paz y salvo para pagos posteriores, ni devolverlos ni compensarlos.
“Cada peso que se deja prescribir es un peso menos para seguridad, programas sociales e inversión. Esta no es una cifra menor, es una falla grave que está afectando directamente a los bogotanos”
Julián Uscátegui, concejal de Bogotá
Esta denuncia pone en evidencia las consecuencias de la inacción administrativa en el manejo de deudas tributarias, afectando directamente servicios esenciales para los bogotanos y abriendo la puerta a una recuperación pragmática de recursos que podrían destinarse a inversión pública.
“Esta es una propuesta responsable y pragmática: recuperar recursos perdidos, mejorar el recaudo y premiar a quienes quieren ponerse al día, en lugar de seguir dejando que la plata de Bogotá se pierda por inacción”
Julián Uscátegui, concejal de Bogotá
Con esta medida, Bogotá podría mitigar el impacto de prescripciones futuras y fortalecer sus finanzas, priorizando la gestión eficiente de cobros para garantizar el financiamiento de seguridad, programas sociales y desarrollo económico en la capital.
