La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha autorizado interceptaciones telefónicas a decenas de miembros de la Comisión de Crédito Público, así como a otros implicados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los señalados figuran los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, los representantes a la Cámara Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, el excongresista Juan Diego Muñoz, los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, además de familiares y contratistas como Óscar Cárdenas, Édgar Niño y Yacir Ramírez, y otras figuras como María Alejandra Benavides, Andrea Ramírez, Diana Carolina Martínez, Jaime Ramírez Cobo y Laura Sarabia. Incluso se interceptó accidentalmente la línea del presidente Gustavo Petro. Estas medidas buscan esclarecer la presunta facilitación de millonarios créditos internacionales a cambio de contratos irregulares, en el marco de lo que se conoce como la «compra de conciencias», considerado el mayor caso de corrupción en el país.
Las interceptaciones, ordenadas por la Corte Suprema al magistrado Misael Rodríguez, comenzaron en agosto de 2024 y se extenderán por aproximadamente un año. Se ejecutan técnicamente en la sala Zeus Oro de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, y han sido ampliadas para incluir a familiares, allegados y contratistas de los principales investigados. Reveladas por documentos consultados por la revista Semana, estas acciones excluyeron conversaciones con abogados, aunque capturaron líneas de allegados cercanos como la madre de María Alejandra Benavides y la secretaria Diana Carolina Martínez. Ante las pesquisas, varios implicados migraron sus conversaciones a WhatsApp para evadir las escuchas.
Voces desde el ojo del huracán
En las grabaciones se escuchan conversaciones reveladoras que exponen tensiones y defensas entre los investigados. La pesquisa se centra en irregularidades en la UNGRD vinculadas a la Comisión de Crédito Público, con posibles repercusiones institucionales que podrían afectar la gobernabilidad del país. De inmediato se detuvo la interceptación de la línea usada por el presidente Petro, una vez detectada la incidencia accidental.
“La ministra aseguró que a mí en un mes me capturan, eso es lo que están diciendo”
Voz advirtiendo al senador Juan Pablo Gallo
“Me están investigando por ayudarle al ministro, o por lo que se puede denominar como que me compró el ministro… Se ensañan con Alejandro, lo sacan como a un perro… esa es la dádiva que me dieron”
Juan Pablo Gallo, senador
“Ahí está en la Corte, pagando abogados y defendiéndome…, pero la Corte está politizada; lastimosamente, la Justicia no es justa como debería ser, tiene mucho sesgo político”
Karen Astrid Manrique, representante a la Cámara
“Me lo volvieron muy mediático por el tema político; yo no me he prestado para pendejadas”
Juan Diego Muñoz, excongresista
“Me acabé de ir porque había periodistas abajo y María Alejandra sacó otra cosa, un montón de mentiras, que ya no puedo más… yo creo que esa niña me quiere acabar”
Andrea Ramírez, exjefa de María Alejandra Benavides
Este caso, que involucra decenas de interceptaciones y créditos internacionales por valor de millones de dólares, pone en jaque a figuras clave del Congreso y del Gobierno, prometiendo un desarrollo judicial que podría reconfigurar el panorama político colombiano en los próximos meses.
