La intensificación del conflicto armado ha provocado desplazamientos masivos, muertes de civiles y nuevas formas de violencia como el uso de drones.
Un año después del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, la región continúa enfrentando una de las crisis humanitarias más complejas de su historia reciente. Desde enero de 2025, la violencia derivada de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales ha transformado de manera profunda la vida de miles de habitantes.
Organismos humanitarios estiman que cerca de 100.000 personas han sido desplazadas, lo que representa aproximadamente la mitad de la población de esta zona del nororiente colombiano. A los combates se suman prácticas como el uso de drones armados y el control violento de corredores estratégicos, factores que han elevado el riesgo para la población civil.
En las últimas semanas, el deterioro de la situación se ha acelerado. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) reportó que más de 60 personas murieron en el transcurso de una sola semana, mientras miles de civiles permanecen sometidos a restricciones de movilidad, confinamientos forzados y limitaciones para acceder a servicios básicos.
Durante la presentación de un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Yudith García, representante de la Mesa Departamental de Víctimas de Cúcuta, advirtió sobre el impacto creciente de los ataques con drones. Señaló que estas acciones están afectando la salud de las comunidades, destruyendo viviendas y cultivos, y que su frecuencia continúa en aumento.
El documento advierte que la situación en el Catatumbo se ha consolidado como una de las más graves registradas en el marco del conflicto armado colombiano. En ese contexto, la Alcaldía de Cúcuta informó que desde el 22 de diciembre han llegado al menos 2.048 personas desplazadas provenientes de esta subregión, y no se descarta un incremento en los próximos días. Otras familias han optado por desplazarse hacia municipios como Ocaña. Solo a comienzos de 2025, más de 60.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares tras enfrentamientos y asesinatos selectivos.
Las autoridades defensoras de derechos humanos han documentado el uso de drones armados por parte de los actores en confrontación, tanto para atacar a grupos rivales como a civiles señalados de colaborar con el bando contrario. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 11 personas han resultado heridas y nueve han muerto a causa de explosivos lanzados desde estos dispositivos.
Comunidades confinadas y en riesgo
La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Paula Gaviria, describió la situación como un “drama prolongado” al cumplirse un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33. Recordó que en marzo de 2025, junto a otros relatores internacionales, envió una comunicación al Gobierno colombiano y a los actores armados alertando sobre la crisis en la región.
Un año después, indicó que miles de familias continúan atrapadas entre la inseguridad y el temor, y subrayó la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y avanzar en soluciones duraderas para la población desplazada.
Desde las organizaciones sociales también persisten las denuncias. Jaime Botero, presidente de Asojuntas, señaló que las comunidades siguen asumiendo los mayores costos del conflicto y recordó que el año pasado fueron asesinados 137 líderes sociales. En ese sentido, pidió que las autoridades escuchen las propuestas de los líderes comunitarios y de las organizaciones locales.
De acuerdo con agencias humanitarias, las familias desplazadas y confinadas viven bajo una amenaza constante, expuestas a explosiones, violencia selectiva y restricciones impuestas por los grupos armados. Los daños a la infraestructura han agravado la inseguridad alimentaria y han dejado a miles de niños y niñas sin acceso a la educación. A esto se suma un déficit significativo en la financiación humanitaria, que limita la respuesta institucional y obliga a muchas comunidades a recurrir a estrategias de supervivencia de alto riesgo.
El actual ciclo de violencia se inició el 16 de enero de 2025, cuando el ELN lanzó una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, en medio de la disputa por el control territorial y las economías ilícitas en esta región fronteriza con Venezuela. Como respuesta, el Ejército Nacional informó el despliegue de más de 11.200 uniformados en el marco de la Operación Catatumbo.
