El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló en su informe publicado en enero de 2026 que el 44,6 por ciento de las víctimas del conflicto armado en Colombia vivía en condiciones de pobreza monetaria durante 2024, un dato que subraya el impacto duradero de la violencia en medio de las mejoras económicas generales del país. Este análisis, centrado en zonas rurales y centros poblados pequeños donde el conflicto dejó huellas más profundas, examina la pobreza monetaria, la extrema y la multidimensional, evidenciando que las víctimas avanzan a un ritmo más lento que el promedio nacional en la reducción de estas carencias.
Entre los desplazados forzosamente, la pobreza monetaria alcanzó el 45,8 por ciento, mientras que la pobreza extrema afectó al 18,1 por ciento de todas las víctimas y al 18,5 por ciento de este subgrupo específico. Las mujeres víctimas registraron una tasa del 46,1 por ciento en pobreza monetaria, superior al 42,8 por ciento de los hombres, y los indígenas enfrentaron cifras alarmantes con el 61,9 por ciento en pobreza monetaria y el 38,1 por ciento en extrema. Además, la pobreza multidimensional impactó al 18,4 por ciento de las víctimas, con tasas cercanas al 30 por ciento en áreas rurales, agravada por más del 80 por ciento de los hogares con víctimas inmersos en empleo informal.
Desigualdades que persisten en grupos vulnerables
Estas brechas se acentúan en mujeres, indígenas, afrocolombianos y zonas rurales, donde factores como bajos niveles educativos, rezago escolar, falta de acceso a agua potable, viviendas precarias y empleo inestable perpetúan la vulnerabilidad. Aunque los indicadores nacionales de pobreza han disminuido y se observan mejoras respecto a 2023, las víctimas del conflicto armado muestran avances insuficientes, lo que demanda políticas públicas focalizadas para cerrar estas distancias históricas.
El informe del Dane pone de manifiesto la necesidad urgente de intervenciones específicas que aborden las secuelas del conflicto, promoviendo no solo el crecimiento económico sino una equidad real que incluya a los más afectados por décadas de violencia en Colombia.
