Policía desmantela ocho minas ilegales en Chaparral, Tolima, con impacto de $9.000 millones

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En un contundente operativo realizado en la zona rural de Chaparral, en el sur del Tolima, la Policía Nacional de Colombia, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, desmanteló ocho unidades de producción minera ilegal a cielo abierto, inutilizando maquinaria pesada y asestando un golpe financiero a las redes criminales por más de 9.000 millones de pesos. La intervención, resultado de varios meses de seguimiento e inteligencia, permitió el acceso a áreas de difícil ingreso gracias al soporte aéreo, donde se ubicaron campamentos, frentes de explotación y equipos pesados que operaban sin licencia ambiental.

Entre la maquinaria destruida se encuentran siete excavadoras, tres motores industriales, una draga, una planta eléctrica y una motobomba, con un valor estimado en cerca de 5.700 millones de pesos, mientras que el impacto en la producción ilícita supera los 4.000 millones de pesos. Estas unidades removían grandes volúmenes de tierra y sedimentos en zonas prohibidas, financiando grupos delictivos organizados y estructuras asociadas al Estado Mayor Central, al tiempo que generaban graves daños ambientales como la alteración de cauces hídricos, deforestación y afectación a la economía campesina dependiente del agua y la tierra fértil.

Preocupación de los habitantes y recuperación territorial

Los habitantes rurales de la zona han manifestado su preocupación por las amenazas constantes, la contaminación de fuentes hídricas y los conflictos sociales derivados de estas actividades ilícitas. Las autoridades, en su afán por recuperar el control territorial y proteger los recursos naturales, han integrado esta acción a una estrategia sostenida contra las redes logísticas y financieras de la minería ilegal, sumándose a una serie de operaciones recientes en diversas regiones del país.

Este operativo no solo representa un duro revés económico para los delincuentes, sino un paso firme hacia la preservación del medio ambiente y la seguridad en el sur del Tolima, reafirmando el compromiso de las instituciones por erradicar estas prácticas que socavan el desarrollo sostenible de las comunidades.

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