El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salió al paso de la polémica generada por el Decreto 052 expedido el 22 de enero de 2026, que crea 1.141 cargos temporales en el Ministerio del Trabajo de Colombia, con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. Esta medida, anunciada en medio de cuestionamientos por su cercanía a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales el 31 de enero, busca fortalecer la inspección laboral mediante la provisión gradual de estos puestos, priorizando procesos meritocráticos que incluyen fuentes como contratos de prestación de servicios actuales, listas de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil del segundo semestre de 2025 y convocatorias propias del ministerio.
De los 1.141 cargos temporales, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que 141 son profesionales especializados y de nivel universitario, orientados principalmente a la inspección, vigilancia y control de la reforma laboral establecida en la Ley 2466 de 2025. La vinculación se realizará por fases: 300 en la primera, 200 en la segunda y los restantes en el próximo gobierno, en cumplimiento de estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE, que recomiendan un inspector por cada 10 mil trabajadores, frente a la ratio actual de uno por cada 5 mil.
Estándares internacionales y reforma laboral como ejes centrales
La creación de esta planta temporal responde a estudios técnicos de cargas laborales iniciados tras la sanción de la Ley 2466 de 2025, anunciada por el presidente Gustavo Petro, con el fin de robustecer la implementación de la reforma en un contexto de emergencia económica y llamados a la austeridad fiscal. Sin embargo, la publicación de la norma en el diario El Tiempo desató críticas en redes sociales y desde la oposición, que ven en ella un intento de contratación estatal justo antes de las restricciones impuestas por la Ley de Garantías en periodos electorales.
“La planta temporal de inspectores busca cumplir con el estándar internacional de la OIT y la OCDE de 1 inspector por cada 10 mil trabajadores (hoy tenemos 1 por cada 5 mil)”
Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo
El ministro Sanguino enfatizó que todo el proceso se ajustará a criterios meritocráticos y que la provisión gradual hace improbable que se concrete antes del 31 de enero, fecha clave de la Ley de Garantías. “Se vincularán 300 en una primera fase y 200 en una segunda fase posterior. Los restantes se seleccionarán en el próximo gobierno”, precisó, agregando: “Todo se hará mediante un proceso meritocrático” y “ello difícilmente ocurrirá antes del 31 de enero, fecha en la cual entra en vigor la ley de garantías electorales”.
“Se vincularán 300 en una primera fase y 200 en una segunda fase posterior. Los restantes se seleccionarán en el próximo gobierno”
Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo
Esta aclaración busca disipar dudas sobre la legalidad y oportunidad de la medida, en un momento en que el país enfrenta desafíos para alinear su capacidad inspectiva con las demandas de la nueva reforma laboral, manteniendo el equilibrio entre eficiencia administrativa y las normas electorales.
