El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia ha propuesto un borrador de decreto que adicionaría un capítulo al Decreto 1078 de 2015, permitiendo a los operadores postales ofrecer servicios de depósitos y transferencias financieras con manejo de recursos del público, pero sin la supervisión directa de la Superintendencia Financiera. Esta iniciativa, que busca fomentar la inclusión financiera en estratos bajos y regiones periféricas basándose en la Ley 1369 de 2009 y el Tratado de Ginebra de 2008, ha generado un fuerte rechazo del sector financiero, incluyendo a Colombia Fintech, Asobancaria y el Banco de la República, quienes alertan sobre riesgos en la gestión de riesgos, controles antilavado y posibles afectaciones al sistema de pagos inmediatos y Bre-B. El plazo para comentarios al borrador cerró el 16 de enero de 2026, aunque el debate persiste.
La propuesta implica que estos servicios postales de pago pasarían a ser supervisados por el Ministerio TIC, cuya oficina cuenta con apenas unas 20 personas, en contraste con los más de 1.300 funcionarios de la Superintendencia Financiera dedicados a esta labor. Críticos como Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, han calificado la medida como un «exabrupto completo» por la disparidad en capacidades técnicas, conocimiento y tecnología, argumentando que generaría arbitraje regulatorio al no exigir requisitos como seguros de depósito o encajes.
Alarma en el sector financiero por falta de controles
Desde Colombia Fintech y Asobancaria se denuncia que los operadores postales captarían recursos del público sin la vigilancia estricta derivada de la normatividad financiera, lo que podría fragmentar el sistema de pagos según inquietudes expresadas por el Banco de la República. En este contexto, el proyecto amplía el portafolio de los operadores postales hacia actividades tradicionalmente reguladas por la Superintendencia Financiera, dejando posibles vacíos en la prevención de lavado de activos y otros controles.
«Lo que se está proponiendo en este decreto es que cojan la platica de la gente, pero no cumplan con ningún requisito. No los supervisa la Superfinanciera, sino del Ministerio de las TIC, que no tiene ni la gente ni el conocimiento ni la tecnología para hacer este tipo de supervisión.»
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech
«Esto sería desastroso para el país. Se está tratando de permitir que estas empresas capten recursos del público sin toda la vigilancia, supervisión y normatividad que se deriva de esta actividad.»
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech
Por su parte, Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostales, defiende la iniciativa como un complemento esencial a la red bancaria, especialmente para colombianos de estratos 1, 2 y 3 en áreas no atendidas por los bancos, destacando que su sistema es «muy robusto» y cubriría regiones periféricas con depósitos postales que consignarían recursos directamente en entidades financieras.
«Nosotros lo que vamos a hacer es permitir que los colombianos del estrato 1, 2 y 3, que no los atiende la red bancaria, puedan tener ese servicio, y consignar esos recursos en las entidades financieras.»
Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostales
«Nosotros tenemos un sistema muy robusto y lo que esperamos con ese depósito postal cubra todas las regiones periféricas.»
Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostales
El debate se mantiene abierto pese al cierre del plazo para comentarios, con el sector financiero insistiendo en los peligros de una supervisión inadecuada que podría comprometer la estabilidad del sistema, mientras los postales ven en esta medida una oportunidad para extender servicios financieros inclusivos a los rincones más apartados del país.
