La crisis del sistema de salud en Colombia se ha posicionado como la principal preocupación electoral de cara a las elecciones de 2026, según una encuesta realizada por la Revista Cambio y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), en la que el 36,2 por ciento de los colombianos la priorizan por encima de la corrupción, mencionada por el 23,3 por ciento, y las bandas criminales, con un 12,5 por ciento. Este deterioro financiero y operativo, que afecta regiones como Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y San Andrés y Providencia, se evidencia en el crecimiento de la deuda de los hospitales públicos, que pasó de 12,5 billones de pesos a 16,28 billones en solo nueve meses, un aumento del 30 por ciento, según datos de la Contraloría, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la Superintendencia Nacional de Salud.
La encuesta de intención de voto revela no solo esta prioridad ciudadana, sino también el impacto de las trabas en el acceso a servicios y el desabastecimiento de medicamentos, agravados por la cartera pendiente de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que supera los 32 billones de pesos. Entre 2024 y 2025, los giros directos de la Adres al sector salud aumentaron un 27,2 por ciento, pero el 67,7 por ciento fue destinado a entidades privadas y solo el 23,2 por ciento a públicas, mientras que al menos nueve EPS han sido intervenidas por el Gobierno, dejando a seis de cada diez personas afiliadas a estas bajo control administrativo estatal, una medida calificada como ineficiente.
Explosión de demandas judiciales y barreras en el acceso
El colapso se refleja también en el ámbito judicial, con más de un millón de acciones legales por el derecho a la salud entre 2020 y 2025, y un incremento del 191 por ciento en tutelas relacionadas con el acceso a servicios de salud entre 2022 y 2025, según la Defensoría del Pueblo. En este contexto, la reforma a la salud presentada en marzo de 2023 naufragó dos veces en el Congreso durante el Gobierno Petro, que impulsó intervenciones estatales en las EPS, desplazando así las preocupaciones tradicionales por corrupción y seguridad, y multiplicando por tres la inquietud por la criminalidad en vísperas de los comicios de 2026.
«La fragilidad financiera y operativa de hospitales públicos y privados es cada vez más preocupante»
Fernando Ruiz, exministro de Salud
Expertos como Johnattan García Ruiz, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard, han advertido que cuando las EPS no pagan o lo hacen tarde, genera un efecto dominó que frena la prestación de servicios, restringe el acceso y traslada el costo de la ineficiencia a los pacientes, criticando además que la reforma asume que las EPS se convertirán en gestoras pero les exige resolver problemas financieros en un tiempo muy reducido. La delegada para el derecho a la salud de la Defensoría del Pueblo, Claudia Vaca, señaló que casi la mitad de los casos reportados por barreras de acceso a medicamentos siguen sin respuesta, mientras que pacientes destinan hasta el 90 por ciento de sus ingresos a fármacos que deberían ser gratuitos, según el Observatorio de Salud Pública de la Universidad de Los Andes, que advierte fallas logísticas en la distribución.
«Hoy en Colombia, 6 de cada 10 personas son usuarias de una EPS que está intervenida, es decir, manejada por el Gobierno nacional. Las medidas de intervención han resultado completamente ineficientes»
Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá
La Nueva EPS, por su parte, enfrenta gastos que superan sus ingresos, profundizando la crisis que ahora domina el debate electoral y exige soluciones urgentes ante el inminente 2026, donde la salud ha eclipsado otros flagelos históricos en la agenda nacional.
