El incremento del salario mínimo a 1.750.905 pesos para 2026, que representa un alza del 23 por ciento, está generando serios problemas para las universidades colombianas debido a la falta de sincronía con los mecanismos de cálculo de matrículas, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y reportados con anticipación al Ministerio de Educación. Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, alertó sobre esta situación, destacando que los costos laborales elevados no pueden trasladarse directamente a los estudiantes, lo que amenaza la sostenibilidad financiera de las instituciones educativas en todo el país, desde las ciudades capitales hasta las zonas rurales y departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2024, el acceso a la educación superior para jóvenes entre 17 y 21 años alcanza solo el 36 por ciento a nivel nacional, con un 42,6 por ciento en ciudades capitales, 16,3 por ciento en áreas rurales y menos del 8 por ciento en los mencionados departamentos amazónicos. Mientras la proyección de aumento en las matrículas es del 5,10 por ciento y la inflación en el sector educativo oscila entre el 6,5 y el 7,5 por ciento, el salto en el salario mínimo agrava los costos operativos derivados de contratos tercerizados, cargas prestacionales y aportes sociales, sin ajustes correspondientes.
Impacto en la sostenibilidad y equidad educativa
Esta desfasada dinámica pone en riesgo la inversión en infraestructura, innovación académica y bienestar estudiantil en universidades públicas y privadas, según un estudio de una institución de educación superior oficial. Los rectores advierten que podría restringir la demanda de cupos y llevar a aplazamientos de estudios por parte de los jóvenes, exacerbando las brechas territoriales ya evidenciadas por el Dane.
«La falta de sincronía entre el aumento del salario mínimo y la definición del valor de las matrículas, que se calcula con base en el IPC y debe reportarse con anticipación al Ministerio de Educación».
Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores
«En las instituciones educativas estos costos no pueden trasladarse al usuario final, por lo que deben ser asumidos internamente».
Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores
Frente a este panorama, Merchán Basabe enfatizó la necesidad de priorizar a los estudiantes y su desarrollo integral, instando a una articulación entre el Estado, la sociedad civil y las universidades para garantizar un acceso más equitativo y de calidad a la educación superior en Colombia.
