El reciente aumento del 23,7% en el salario mínimo en Colombia amenaza con poner en riesgo más de 12.000 subsidios de vivienda de interés social en Antioquia, según alertaron la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), la Gobernación de Antioquia y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed) de Medellín. Figuras clave del sector como Federico Estrada, gerente de La Lonja de Propiedad Raíz; Carlos Mario Gaviria, presidente de la Junta Directiva de Camacol y constructora Conaltura; Valentina Aguilar, directora de Isvimed; y Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, han advertido sobre los sobrecostos generados por la indexación de los precios de la vivienda VIS al salario mínimo, lo que afecta subsidios, mejoramientos habitacionales y nuevos proyectos en la región.
Este incremento, que superó las estimaciones de la Gobernación de entre 8% y 12%, provoca aumentos automáticos en los costos de los proyectos y genera déficits presupuestales significativos, con un impacto proyectado para 2025 y extensiones hacia 2026. En concreto, los 3.300 mejoramientos de vivienda gestionados por Viva requieren ahora 54.000 millones de pesos adicionales, mientras que 8.600 familias quedan excluidas de viviendas nuevas, dejando un déficit fiscal para la Gobernación de 264.000 millones de pesos. La mano de obra representa el 40% de los costos directos en obras de Viva y entre 15% y 20% según Estrada, con alzas estimadas del 13% al 15%.
Impactos específicos en entidades y proyectos
Isvimed, por su parte, ajustó su presupuesto de 42.000 millones a 51.000 millones de pesos para atender a 1.199 familias, pero enfrenta un faltante de 8.812 millones, lo que llevó a suspender la asignación de subsidios en el programa Compra tu Casa. Un ejemplo claro es el proyecto Ciudad del Este, que demanda 4.700 millones adicionales. Además, cuotas de vigilancia y aseo subirán entre 17% y 18%, y se prevén aumentos en costos de construcción del 10% al 15% para 2026, junto con mayores cuotas de administración.
«ilegal e improvisado»
Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol
Herrera se refería al decreto de control de precios del Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, que propone desindexar los precios VIS con un tope fijo de 135 salarios mínimos a nivel nacional, excluyendo el tope de 150 en grandes ciudades. A nivel país, se estiman más de 25.000 desistimientos de subsidios para 2025, con penalizaciones del 10% al 20%. Contratistas advierten sobre la necesidad de renegociar contratos o reducir el alcance de proyectos, mientras el sector privado alerta de una crisis en la sostenibilidad de nuevos desarrollos en Medellín debido a los altos precios del suelo y cargas urbanísticas.
Estas tensiones subrayan la urgencia de soluciones para preservar la oferta de vivienda social en Antioquia, donde la indexación automática al salario mínimo ha desequilibrado presupuestos y planes habitacionales esenciales para miles de familias.
