Solo una de las 34 universidades públicas de Colombia resulta financieramente autosostenible, de acuerdo con el informe “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas” presentado por la Contraloría General de la República, que analiza el período comprendido entre 2019 y 2024. Este estudio evalúa variables presupuestales clave como ingresos, gastos, transferencias y el pasivo pensional, revelando una fuerte dependencia de los aportes estatales que representan el 50,1 por ciento de los ingresos totales, junto con un pasivo pensional que alcanza los 10,3 billones de pesos en 2024.
En 2024, los ingresos globales del sector universitario público sumaron 14,2 billones de pesos, con un crecimiento anual del 13 por ciento, mientras que los gastos crecieron a un ritmo del 11,4 por ciento anual, de los cuales el 54 por ciento se destina al personal. Los recursos propios generan apenas el 37 por ciento de los ingresos totales, y el 97 por ciento de las instituciones dependen mayoritariamente de fondos estatales. La concentración de ingresos es notable, ya que la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle reúnen el 48 por ciento de los recursos del sector.
Desigualdades en transferencias y pasivo pensional
Las transferencias por estudiante muestran profundas brechas: la UNAL recibe 11,4 millones de pesos por estudiante, la UNAD apenas 525.777 pesos y el promedio nacional se sitúa en 4,5 millones de pesos. El pasivo pensional, que asciende a 10,3 billones de pesos en 2024, recae en gran medida en las juntas directivas con el 57,8 por ciento, seguido por la UNAL con 4,5 billones y la Universidad del Valle con 1,4 billones. Aunque el 75,8 por ciento de las universidades presenta un índice de solvencia igual o superior a tres, solo el 24,2 por ciento mantiene un endeudamiento por debajo del 10 por ciento. Las instituciones con mayor generación de fondos propios son la UNAL, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle.
Contexto de gratuidad y recomendaciones de la Contraloría
El informe evalúa la estabilidad financiera de las universidades públicas en el marco de la gratuidad universitaria y la Ley 30 de 1992, advirtiendo que el pasivo pensional desvía recursos esenciales de la docencia e infraestructura, lo que pone en riesgo la gratuidad y el acceso equitativo a la educación superior. Esta situación se agrava por las desigualdades regionales derivadas de la concentración de recursos en instituciones grandes. La Contraloría recomienda actualizar el modelo de financiación, diversificar fuentes de ingresos mediante alianzas y asignar recursos basados en costos reales. Mientras tanto, un proyecto de reforma avanza en el Congreso, a la espera de sanción presidencial. Las proyecciones difieren: el Ministerio de Educación estima 22,1 billones de pesos para el período 2027-2040, en tanto que la Contraloría calcula 27,8 billones hasta 2036.
