La Presidencia de la República, a través de su secretario jurídico Augusto Ocampo, presentó este lunes 26 de enero de 2026 una nueva recusación contra Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, para que se aparte del análisis de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional. La solicitud, firmada por Ocampo y basada en el artículo 25 del Decreto 2067, se fundamenta en las declaraciones públicas realizadas por Ibáñez en una entrevista con María Isabel Rueda publicada por El Tiempo el 18 de enero, donde el magistrado cuestionó el trámite de la ley.
Este nuevo intento de recusación se da en un contexto de tensión institucional, ya que Ibáñez es el ponente del expediente demandado por la senadora Paloma Valencia. Previamente, ya había enfrentado una recusación por parte del Gobierno en relación con un decreto de emergencia económica e impuestos a licores y tabaco. El proceso de revisión de la reforma pensional quedó en empate 4 a 4 en la votación de la Sala Plena de la Corte, integrada por nueve magistrados, durante noviembre de 2025. Ante esto, el conjuez Carlos Pablo Márquez solicitó la práctica de nuevas pruebas y una prórroga, lo que mantiene el debate abierto pese a que la reforma fue aprobada íntegramente en el Congreso, ignorando denuncias de ilegalidad en el trámite en la Cámara.
Declaraciones que encienden la polémica
En la entrevista con El Tiempo, Ibáñez afirmó que desde junio de 2025 se había advertido un vicio de trámite en la ley de pensiones, subsanable pero no corregido, lo que ha sido interpretado por el Gobierno como una prejuzgamiento. Augusto Ocampo, en la solicitud de recusación, enfatizó que estas declaraciones ocurren en un momento sensible, donde pronunciamientos de la Corte han sido vistos por amplios sectores como adversos a las políticas del presidente Gustavo Petro Urrego.
“Desde junio de 2025 advertimos que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable, pero no se subsanó”
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional
“No puede pasarse por alto que las declaraciones del magistrado se producen en un contexto institucional particularmente sensible, en el que decisiones recientes y pronunciamientos públicos provenientes de la Corte han sido percibidos por amplios sectores de la ciudadanía como sistemáticamente adversos a las políticas, reformas y decisiones del Gobierno democráticamente elegido por el presidente Gustavo Petro Urrego”
Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia de la República
Esta recusación representa un nuevo capítulo en las fricciones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, con implicaciones directas en el futuro de la reforma pensional, una de las banderas del Gobierno Petro, mientras la ciudadanía observa con atención cómo se resolverá este pulso judicial en las próximas semanas.
