La Agencia Nacional de Tierras (ANT) reaccionó con rapidez a la denuncia formulada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien alertó sobre presuntas comisiones del 10 por ciento en trámites de compra de predios realizados mediante contratos de mandato. En un comunicado oficial, la entidad anunció que presentará una denuncia ante las autoridades competentes, suspenderá los pagos correspondientes a tres predios adquiridos y aclaró que la contratista señalada no mantenía ningún vínculo contractual con la ANT desde el 31 de diciembre de 2024. Los contratos en cuestión fueron firmados el 11 de noviembre de 2024, en el marco de gestiones para la adquisición de tierras acordadas con organizaciones campesinas.
Paloma Valencia hizo pública su acusación a través de su cuenta en la red social X, adjuntando un contrato autenticado que evidencia las supuestas irregularidades en la gestión de estas compras, las cuales involucraban predios en un municipio no especificado y contaban con el seguimiento de la Personería Municipal. La senadora sugirió que estos cobros podrían formar parte de una red más amplia de corrupción dentro del Gobierno Petro, cuestionando si los contratistas actuaban por iniciativa propia o si eran utilizados por directivos para recaudar fondos y presionar a los compradores.
Respuesta contundente del director de la ANT
Felipe Harman, director de la ANT, respondió también en X, enfatizando que su gestión ha identificado y denunciado formalmente al menos diez oficinas de abogados y personas dedicadas a ofrecer servicios irregulares para acompañar trámites en la entidad durante 2024 y 2025. La ANT precisó que la contratista en mención prestaba servicios únicamente en la Secretaría General y no tenía funciones ni autorizaciones para intervenir en compras de predios. Como medida inmediata, se suspendieron los pagos mientras se investiga el caso, y se notificará a la Fiscalía General de la Nación, además de solicitar una pesquisa a la Oficina de Inspección de Tierras, en un esfuerzo por erradicar prácticas que afectan la reforma agraria.
«O los contratistas son unos avispados o los directivos los usan para recaudar el dinero y presionar a los compradores. Esto puede ser el inicio de una de las mayores ollas podridas del Gobierno Petro»
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial
«Ha sido mi dirección la que ha puesto en conocimiento de las autoridades más de 10 oficinas de abogados dedicados a ofrecer sus servicios de acompañar trámites en la Agencia. Esta no será la excepción. Haremos la denuncia con la misma vehemencia con la que le exigimos a la familia de la Senadora que devuelva los baldíos de la Nación»
Felipe Harman, director de la ANT
Esta controversia pone de manifiesto las tensiones en torno a la reforma agraria impulsada por el actual gobierno, donde la ANT ha detectado múltiples intentos de intermediación irregular que buscan lucrarse de procesos destinados a beneficiar a comunidades campesinas. La denuncia de Valencia, sustentada en tres contratos de mandato entre la contratista y propietarios de predios, contrasta con la postura de la entidad, que insiste en su compromiso con la transparencia y la lucha contra falsos tramitadores, según lo detallado en su comunicado oficial y las publicaciones en redes sociales de las partes involucradas.
