El Gobierno de Estados Unidos otorgó una visa especial de corta duración al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que pueda reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca de Washington el próximo 3 de febrero a las 11:00 de la mañana. La confirmación de esta autorización migratoria especial se dio este lunes 26 de enero, con vigencia efectiva del 1 al 5 de febrero, a través de protocolos diplomáticos diseñados para encuentros de alto nivel, permitiendo así la asistencia a esta reunión bilateral tras una revocación previa de la visa del mandatario colombiano.
La delegación que acompañará a Petro estará integrada por dos asesores clave, el jefe de Gabinete Raúl Moreno y el asesor de comunicaciones Andrés Hernández, además de cinco periodistas seleccionados personalmente por el presidente. La visa también cubre a la canciller Rosa Villavicencio, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, se encargó de entregar la documentación necesaria a la Cancillería colombiana, la cual fue remitida a la embajada estadounidense, aunque inicialmente se esperaba una respuesta pendiente.
Antecedentes de tensión y reconciliación diplomática
Esta autorización llega en un contexto de restablecimiento de lazos diplomáticos, marcado por la revocación de la visa de Petro a finales de septiembre de 2025, motivada por declaraciones realizadas en Nueva York donde instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con Gaza, acciones calificadas por Washington como “imprudentes e incendiarias”. Posteriormente, en enero de 2026, se dio una llamada telefónica entre Petro y Trump para superar la crisis generada por una operación en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, con miras a abordar temas cruciales como el narcotráfico en Colombia y la lucha contra las drogas.
“muy positiva”
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre la llamada con Petro
Este encuentro en la Casa Blanca representa un paso significativo hacia la normalización de relaciones bilaterales, destacando la flexibilidad de los protocolos migratorios para facilitar diálogos de alto impacto en medio de desafíos regionales compartidos.
